SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, julio 17.- Oaxaca se encuentra en el primer lugar de víctimas de delitos cometidos contra la mujer, contando con un 63.3 por ciento de víctimas, seguido de Querétaro con un 60.3 por ciento y de Chihuahua con un 43.8 por ciento, por encima de la media nacional que correspondió a 47.3% según el “Diagnóstico sobre el feminicidio en el Estado de Oaxaca”.

Además, dentro de las cinco primeras entidades con mayor índice delictivo, la mujer oaxaqueña tiene el riesgo de convertirse en receptora de un delito, con un 13.3 por ciento, más que en la Ciudad de México y con 11.5 por ciento mayor a la Zona conurbada del Estado de México, según cifras del 2008.

Bajo esa perspectiva, la Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre, exhortó al Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, para que instruya a la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), para que, en coordinación con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), apliquen procesos educativos de capacitación, prevención y erradicación de la violencia de género a sus servidoras y servidores públicos y en general a todo el personal que labora en pueblos y comunidades indígenas, y a que dichos programas sean difundidos en todo el Estado.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Equidad y Género, avalado por el pleno del Congreso del Estado, durante la sesión ordinaría de este martes en pro de la mujeres indígenas, no fue no firmado por todos sus integrantes, en virtud de que la diputada del PRD, Leticia Álvarez, rechazo signarlo.

No obstante, la representante popular del Sol Azteca, difundió un comunicado en el que se pronunció en contra de la violencia hacia las féminas, en virtud de presuntos compromisos políticos con la titular del IMO, Anabel López Sánchez.

Al argumentar el exhorto a Cué Monteagudo, la presidenta de la comisión de equidad y genero, Ivón Gallegos Carreño, refirió que hay instrumentos internacionales sobre derechos a la no discriminación y a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, entre estos la “Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales”, “el Convenio 169” de la O.I.T., “La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial” y “La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Gallegos Carreño, refirió que los Estados Partes de esos convenios deben condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.

Además de que se deben comprometer a adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

Refirió también que se deben abstener de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación, tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresa.