Porque la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al conflicto sociopolítico del 2006 que padeció la entidad no ordena sanciones al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la mayoría priista en el Congreso del Estado pondrá punto final al juicio político contra el Mandatario estatal, exonerándolo de cualquier violación a las garantías individuales.
Así, en la última sesión ordinaria de la sexagésima Legislatura, a celebrarse este jueves a partir de las 11:00 horas, se someterá a votación de la mayoría priista el sentido del dictamen de la Comisión Instructora del Poder Legislativo, la cual exculpa a Ruiz Ortiz con el argumento de que el resolutivo del máximo tribunal de justicia del país no es de carácter vinculante ante los órganos de justicia de la entidad para hacer valer a los afectados la justicia que reclaman.
Antes, en la Comisión Instructora, tres diputados del PRI se impusieron a uno del PAN y otro de Convergencia para señalar que el dictamen está apegado a los preceptos jurídicos y legales de la SCJN, por lo que no ha lugar a sanciones económicas, administrativas o amonestaciones públicas contra el Gobernador del estado.
Y aún cuando la decisión de la Suprema Corte sería enviada para su conocimiento al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la Procuraduría General de la República, para que estas instancias decidieran si se le fincan responsabilidades al Mandatario estatal, el Congreso del Estado lo exoneró por tratarse sólo de un señalamiento declarativo, de opinión.
Para la defensa del titular del Poder Ejecutivo estatal este jueves acudirá el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Ricardo Ruiz Zaragoza, quien subirá a la máxima tribuna del estado a presentar los argumentos en favor de su defendido, en virtud de que éste declinó asistir ante el pleno del Poder Legislativo.
El juicio político contra Ruiz Ortiz inició apenas el 29 de julio pasado, a partir de la petición del diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales, por el asesinato de 28 personas y el encarcelamiento de 250 integrantes de la APPO y el Magisterio durante el conflicto sociopolítico del 2006 y parte del 2007.
Porque a “nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito”, la mayoría priista en el Congreso del Estado enjuició, antes de que concluya su mandato legislativo, el 13 de noviembre próximo, a Ruiz Ortiz, a fin de que la oposición que llega al poder no pueda hacerlo.
El ex priista, hoy aliancista, que a lo largo de la actual Legislatura se distinguió por votar y apoyar todas las iniciativas del PRI, en discordancia con la oposición, solicitó juicio político contra el Mandatario estatal con base en el dictamen de la SCJN, para determinarle presuntas sanciones con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca.
“Por incurrir en violaciones al Artículo 81 de la Constitución Política de Oaxaca por los hechos del 2006 y violaciones a la garantías individuales cometidas durante el desalojo del 14 de junio de 2006”, argumentó en su petición el representante popular del Panal.
La exigencia contiene los argumentos del dictamen 1/2007 emitido por la SCJN, el cual señala que el titular del Poder Ejecutivo estatal “incurrió en omisiones en agravio de los ciudadanos del municipio de Oaxaca de Juárez y zonas conurbadas”.
A pesar de que en anteriores ocasiones el Panal junto con el PRI rechazaron el juicio político solicitado por los legisladores del PRD, PAN y Convergencia, Carmona Morales consideró que a escasos cuatro meses de vencer la administración de Ruiz Ortiz “era tiempo de hacerlo”.
En su demanda de juicio político, fechada el 28 de julio pasado, agrega pruebas de copias certificadas proporcionadas por la SCJN, de su resolutivo del 14 de octubre del 2009, en el que los ministros de la SCJN resolvieron por mayoría que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz es responsable de violaciones graves a las garantías individuales ocurridas en 2006 y 2007.
Responsabilizan también a mandos policiacos de la entidad, entre éstos al entonces director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Manuel Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.
Los ministros de la SCJN consideraron que el Mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en “desorden generalizado” en la Ciudad de Oaxaca y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año.
En contra parte los ministros de la SCJN, exoneraron al ex presidente Vicente Fox Quesada; al ex secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y al extinto ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, señalados por el magisterio y la APPO, entre los culpables de permitir que la falta de gobernabilidad en Oaxaca diera lugar a acciones de particulares que derivaron en la afectación de los derechos fundamentales.
Igualmente quedaron exentos de cualquier acusación el general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), actual diputado federal.
Tras año y medio de investigación plasmada en un proyecto de 923 cuartillas, los ministros sólo coincidieron en que hubo violación generalizada de garantías, pero aclararon que a la SCJN no corresponde interponer sanciones.
