Los dirigentes del Movimiento Antorchista en el estado de Hidalgo han venido informando a la opinión pública, con cierta regularidad y puntualidad, los avatares que han sufrido todo el tiempo que dura ya el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong.
Dos elementos de esa denuncia me interesa destacar hoy. El primero, no desmentido por nadie hasta hoy, es que cada vez que la inconformidad y desesperación de la gente lo aconseja, o el interés político de la casta que gobierna Hidalgo lo demanda, se “abre una mesa de negociaciones” y se toman acuerdos que se rubrican solemnemente por los funcionarios involucrados, pero que nunca se cumplen o se cumplen sólo en un porcentaje ridículamente bajo.
Esto demuestra dos cosas: primero, la elevación a principio de buen gobierno la mentira y el engaño abiertos, premeditados, como recurso legítimo para eludir sin resolver las demandas de la gente más necesitada; y, segundo, el por qué la lucha de los antorchistas de Hidalgo parece estar recomenzando siempre, parece estar arrancando siempre del mismo punto de partida.
El otro elemento es que el gobierno de Osorio Chong, a diferencia de otros similares, no se ha contentado con burlarse de la palabra empeñada y rubricada, sino que ha recurrido a una feroz guerra mediática de calumnias y amenazas (supongo que a muy altos costos en dinero) y a la represión de hecho mediante el uso de la fuerza pública o de las mafias caciquiles y delincuentes mercenarios.
Ahí está para probarlo el “accidente carretero” contra una marcha pacífica al Distrito Federal, en que perdió la vida el campesino Pablo Hernández Medina y que, por cierto, sigue esperando justicia.
Por todo esto y mucho más, los antorchistas hidalguenses llevaron a cabo una magna concentración de 25 mil gentes en la ciudad de Pachuca, el pasado 17 de agosto de los corrientes.
Con este motivo, el gobernador Osorio Chong se dignó bajar de su plinto de deidad suprema del poder y declaró dos cosas (entre otras) que me interesa abordar aquí.
Dijo que será “muy difícil” resolver las demandas de los antorchistas, primero, porque todas ellas juntas hacen un monto tan elevado que rebasa el presupuesto de varios municipios; segundo, porque su gobierno “baja” los recursos a través de los presidentes municipales y sus ayuntamientos, que son la instancia legalmente facultada para atender las demandas y necesidades de la gente.
Muy bien. Pero vayamos por partes. Si es verdad que las demandas de los antorchistas suman más que todo el presupuesto de “algunos” ayuntamientos, habría que precisar de qué ayuntamientos se trata y de qué montos estamos hablando, porque es cosa sabida que, salvo los municipios en que se ubican las ciudades grandes, el resto tiene asignado un presupuesto irrisorio que muchas veces no alcanza ni para cubrir los salarios de trabajadores y policía.
Rebasar estos presupuestos, por tanto, no sería ninguna prueba de que las demandas de los antorchistas son desmesuradas. Pero, además, el señor gobernador Osorio Chong “olvidó” decir que, si todas las demandas que ahora declara imposibles de satisfacer por su elevado costo, se hubieran ejecutado en el momento y en los términos en que fueron pactadas, el obstáculo que ahora alega no se habría presentado.
Lo que hoy sucede no es sino la muy previsible consecuencia de una política de manipulación y engaño hacia los más pobres, que sólo busca sortear las coyunturas difíciles o los momentos electorales cruciales.
Por tanto, salir ahora a decir que no se puede resolver, por caro y costoso, lo que en otro momento se pactó y no se cumplió, es, como suele decirse, darse un tiro en el pie.
El “argumento” de que la demanda antorchista no procede en virtud de que “todo se canaliza a través de los ayuntamientos”, tampoco se sostiene.
Primero, porque, como queda dicho, ese “todo” no alcanza, en la mayoría de los casos, ni para pagar la nómina; segundo, porque, si no fuera así y los ayuntamientos estuvieran atendiendo oportuna y equilibradamente las necesidades de sus municipios, la gente no tendrían por qué salir a reclamar nada al gobierno del Estado; tercero, porque el “argumento” pretende insinuar que la gestión antorchista es ilegal en tanto que implica constituirse en un poder paralelo al legítimamente establecido.
Esto último, sobre todo, es rotundamente falso y allí está el caso de Tlanchinol para probarlo: Antorcha nunca lleva al gobierno estatal un problema sin antes agotar el recurso de acudir a los respectivos ayuntamientos en busca de solución.
No sólo no tiene nada contra este camino, sino que es, además, el más expedito y barato para la gente, puesto que le evita trasladarse a grandes distancias para hacerse oír.
Lo que pasa es que los presidentes municipales aplican, corregida y aumentada, la misma política de oídos sordos, promesas incumplidas, amenazas y represión.
Por tanto, mandar a los antorchistas a buscar solución con “sus” Presidentes Municipales cuando de allá vienen, es mandarlos a quejarse con Poncio de lo que les hace Pilatos.
Nos duelen, nos lastiman profundamente los ataques mediáticos que sólo tienen ojos y oídos para los “daños a terceros” que causan marchas, mítines y plantones, pero nunca para el abandono y la injusticia social que hay detrás de cada protesta.
Quisiéramos evitar esas críticas, complacer a los ciudadanos pacíficos y trabajadores que de buena fe se indignan por las molestias derivadas de nuestras movilizaciones.
Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo evitarlo? No podemos dejar morir de hambre, insalubridad, ignorancia y falta de vivienda a nuestros hijos, a nuestras familias, a cambio de que los automóviles circulen libremente.
¿No sería más justo y más lógico que todos los agraviados, los que protestamos y los que se ven afectados con nuestras protestas, nos uniéramos en un frente común para exigir a los gobernantes el cumplimiento de sus deberes elementales?
Así resolveríamos los dos problemas a la vez, o, como suele decir el pueblo, mataríamos dos pájaros con una sola pedrada.
(*) Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional.
