La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes inválida la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca, que aprobó la bancada mayoritaria del PRI para desaparecer la presidencia de la Gran Comisión y crear la Junta de Coordinación Política que entraría en funciones con la nueva legislatura el 13 de noviembre próximo.
Al informar lo anterior en conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Moreno Alcántara, informó que por unanimidad los magistrados del máximo tribunal de justicia del país establecieron que la mayoría priista en el Congreso del Estado “atropelló a la oposición y violó el procedimiento legislativo”.
Explicó que para nulificar el decreto 1954, que contiene la reforma a la Ley Orgánica del Congreso estatal, la SCJN notificará a la sexagésima Legislatura y ésta deberá resarcir los procedimientos legislativos.
Acompañado del diputado Dagoberto Carreño Gopar, quien encabezó al equipo de abogados y legisladores de cinco partidos que interpusieron la demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, el dirigente partidista detalló que los ministros detectaron diversas violaciones a los procedimientos por parte de los representantes del PRI el 15 de julio pasado cuando modificaron la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
Los priistas presentaron su iniciativa e inmediatamente decidieron que era “de trámite urgente y obvia resolución”, por lo que procedieron a aprobarla sin discusión ni dictamen de comisiones de por medio.
“El proceso está plagado de irregularidades, muy desaseado y abiertamente inconstitucional”, señaló Moreno Alcántara, en concordancia con lo estipulado en el dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar y que fue aprobado por la SCJN.
Refirió que los ministros cuestionaron que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica citada fuera distribuida a los diputados de oposición una vez iniciada la sesión y momentos antes de la discusión para su aprobación.
De acuerdo con los dirigentes panistas, la reforma debió discutirse ampliamente porque que se trataba de desaparecer la Gran Comisión del Congreso y crear en su lugar la Junta de Coordinación Política, con facultades para nombrar al Oficial Mayor y al Tesorero del Poder Legislativo.
“Las minorías (PAN, PRD y Convergencia en la actual legislatura) no tuvieron la oportunidad de conocer y manifestar sus posturas en torno a la iniciativa”, lamentó Moreno Alcántara.
Por eso refirió que entre risas los ministros de la SCJN leyeron el acta de la sesión del 15 de julio, en la que consta que ni siquiera estuvo claro si se logró la votación calificada para dispensar todos los trámites o cuántos diputados estaban presentes.
Y es que la diputada priista Eva Diego Cruz, quien fungió como presidenta de la mesa directiva, ni siquiera pidió la votación nominal.
Incluso, el pleno de la SCJN hizo mofa de la actuación de Diego Cruz porque primero notificó 25 votos en favor de la reforma de urgente y obvia resolución, pero luego de otra votación económica dijo que eran 26, mientras una voz decía: “No se levantó Carmona”, en alusión al diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales, aliado permanente del PRI.
“Una vez más nos dan la razón. Jurídicamente demostramos que no es con albazos legislativos ni con reformas hechas sobre las rodillas como debe construirse la transición democrática del estado y mucho menos la nueva configuración de un poder tan importante que será el equilibrio entre el Ejecutivo y el Judicial”, sostuvo el panista.
Detalló que un grupo de diputados del PAN, encabezados por su coordinador, Dagoberto Carreño Gopar, presentaron la controversia constitucional ante la SCJN.
Reconoció, sin embargo, que la nueva conformación del Congreso del Estado debe ser plural, por lo cual la próxima Legislatura está obligada a hacer una reforma profunda a su estructura orgánica.
Y adelantó que será necesario crear una Junta de Coordinación Política, como ocurre en el Congreso de la Unión y en otras entidades, para sustentar los temas que deben ser tratados; también es necesario redimensionar la mesa directiva y crear una Comisión de administración del gobierno interno del Congreso, a fin de transparentar el manejo de los recursos públicos y ejercerlos de manera responsable.
Puntualizó que toda esta reforma por venir deberá ser pensada, analizada y discutida por todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados estatal, pero nunca más de manera apresurada ni en los tiempos que diga y mande el PRI.
Mientras tanto, Moreno Alcántara indicó que será a través del consenso entre las fuerzas políticas que integraron la coalición antipriista en el proceso electoral del 4 de julio pasado, junto con el PRI, los que definan quién será el próximo presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, aunque descartó que pudiera ser un tricolor.
Es que las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que aprobaron los priistas tenían el propósito de evitar que la nueva Legislatura revise la aplicación de los recursos ejercidos por la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
