La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado pidió al gobernador Gabino Cué suspenda la construcción de la planta hidroeléctrica en la Presa Cerro de Oro, ubicada en la Cuenca del Papaloapan, hasta en tanto no se conozca el impacto ambiental, económico, social y cultural en la zona.
La sexagésima primera Legislatura del estado también facultó a este órgano de gobierno del Poder Legislativo para que solicite igualmente a los gobiernos estatal y federal los expedientes técnicos de esa obra.
La diputada convergente Ángela Hernández Solís dio a conocer que esta petición fue tomada por el pleno del Congreso del Estado, durante su última sesión ordinaria, como de “urgente y obvia resolución”.
Alertó que dicha hidroeléctrica representa un riesgo latente para los habitantes de varias comunidades, además de que el impacto ambiental del proyecto incluye deforestación, cambio en el flujo del río y arroyos, efectos en las tierras ribereñas y en las líneas de transmisión sobre flora, fauna y población en general.
Refirió que para financiar este proyecto se invertirán 60 millones de dólares, a través de una empresa de Nueva York, durará más de 50 años y localmente será operado por las empresas Electricidad de Oriente y Comexhidro.
Hernández Solís advirtió que dinamitar los cerros aledaños podría generar fisuras en la cortina de la presa, por lo que insistió en pedir los expedientes técnicos para conocer el impacto ambiental, económico, social y cultural.
Este proyecto de generación de energía eléctrica afectará a comunidades como Los Reyes, San Rafael, Santa Úrsula, Sebastopol y Paso de Canoa.
La infraestructura de la planta hidroeléctrica cubrirá más de seis mil metros cuadrados y las comunidades se verán afectadas por las líneas de transmisión que abarcan más de 260 mil metros cuadrados, aun cuando llevarán la electricidad generada por la presa.
La empresa que ha iniciado la construcción de la hidroeléctrica (Electricidad de Oriente) está negociando las indemnizaciones directamente con las comunidades que serán afectadas, sin la presencia de autoridades del Gobierno Federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sin proporcionar toda la información sobre el proyecto antes de que comience la construcción.
