MÉXICO, D.F., mayo 11.- El diputado local oaxaqueño Flavio Sosa Villavicencio calificó este miércoles aquí como “un despropósito” que autoridades gubernamentales intenten criminalizar a las y los habitantes del municipio de Santiago Textitlán, en la Sierra Sur, como justificación para la agresión policiaca que las y los indígenas sufrieron el 28 de abril pasado.

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Oaxaca expuso que hasta el momento la secretaria general de Gobierno, Antonia Irma Piñeyro Arias, ha argumentado que en el operativo fueron aseguradas armas y drogas, lo que aun si fuera cierto “de ninguna forma justifica el allanamiento violento de los domicilios, sin mediar orden escrita de un juez, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución de Oaxaca”.

Dijo que si bien los policías que participaron en el operativo deberán responder por cargos individuales como “saqueo, amenazas y lesiones”, la secretaria general de Gobierno, Piñeyro Arias, y el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, “están obligados a responder quién dio la orden de catear ilegalmente los domicilios, para saber a qué nivel se fraguó y a qué nivel se permitió un abuso tan grande”.

“En los cuerpos policiacos la línea de mando es muy definida; no se necesitaría una larga investigación para establecer quién dio esta orden ilegal para definir con nombre y apellido de quién es la responsabilidad, quién intentó apagar la mecha con un cerillo”, y eso deberán aclarar ambos funcionarios este viernes, cuando comparezcan ante el Congreso del Estado, señaló el líder moral de lo que fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

“Pareciera que la acción fuese una provocación para generar aún más violencia o que los funcionarios no conociesen los hechos de violencia que se han suscitado antes en esa zona”, advirtió el Legislador en referencia a diversos hechos sangrientos ocurridos también en la Sierra Sur, como la masacre de Agua Fría en 2002.

Señaló que el operativo mostró, además, “el racismo de las autoridades policiacas, su desprecio hacia las y los indígenas a quienes no reconocen como ciudadanos sujetos de todos los derechos que les garantizan las leyes oaxaqueñas, lo que de sí es imperdonable y más aún en un estado como el nuestro, eminentemente indígena”.

Al concluir en esta Ciudad de México un taller sobre “práctica parlamentaria” en el Senado de la República, el legislador oaxaqueño por el Partido del Trabajo (PT) calificó también como “un absurdo” la posibilidad de que la Comisión de Asuntos Internos de la Policía Preventiva estatal defina las responsabilidades de los agentes, pues siendo la misma institución juez y parte estaría prácticamente asegurada la impunidad.

“En Oaxaca no podemos tolerar más impunidad”, subrayó Flavio Sosa Villavicencio, e insistió en la necesidad de identificar claramente a quienes hayan sido responsables; iniciar los procesos judiciales en su contra, ejecutar las sanciones a que haya lugar y establecer mecanismos para la reparación del daño ocasionado a las y los habitantes de Santiago Textitlán.

“Es necesario que el proceso siente precedentes para que en Oaxaca no se vuelvan a violar las leyes, la Constitución y los derechos humanos”, manifestó finalmente.