OAXACA, OAX., septiembre 27.- Personal jurídico de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, y de las Juntas Especiales con sede en Huatulco y Tehuantepec, paralizaron actividades este martes para exigir al gobernador Gabino Cué Monteagudo autorice un incremento salarial “decoroso” solicitado desde el 7 de junio pasado.
Según dijeron, sus percepciones salariales siguen siendo las mismas desde hace cuatro años, y explicaron que el 24 de junio de este año, la entonces secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, los recibió en audiencia y, enterada de su situación laboral, solicitó la intervención del Secretario de Administración para analizar la demanda.
Mencionaron que desde esa fecha sostuvieron aproximadamente siete reuniones con el Subsecretario de Administración, quien les informó que el análisis y proyecto de mejora salarial había sido presentado ante la Secretaría de Finanzas y que antes del 15 de septiembre tendrían una respuesta favorable.
“No obstante, los funcionarios gubernamentales, no sólo no cumplieron con el compromiso establecido, sino que el 21 de este mes de septiembre, el Subsecretario de Administración informó que la petición de aumento salarial correspondía atenderla exclusivamente a la Secretaría de Finanzas y no a la de Administración”, señalaron.
Consideran que como hay falta de interés por parte de los funcionarios de la secretaría de Administración y Finanzas, para darles respuestas satisfactorias a las demandas, tuvieron que recurrir al paro de labores.
Mencionaron que el personal jurídico de la JLCAE está integrado por presidentes de Juntas Especiales, auxiliares y secretarios de acuerdo, siendo un total de 35 trabajadores, cuya relación laboral con el gobierno del estado se deterioró a finales del sexenio 1992-1008, ya que, sin razón, ni fundamento alguno, se modificó su categoría de trabajadores de base, calificándolos como de confianza.
“Esta modificación nunca fue aceptada en atención a que la Ley del Servicio Civil, que es la que regula la relación laboral entre los trabajadores al servicio del Estado, establece claramente quiénes son empleados de base y cuáles de confianza”, indicaron.
Resaltaron que esa modificación trajo como consecuencia la privación ilegal de los aumentos salariales y demás beneficios y prestaciones que se otorgan a los demás trabajadores.
Precisaron que la carga laboral en la JLCA se ha incrementado en más del 300 por ciento y el personal jurídico sigue el mismo, siendo la conciliación una de las funciones primordiales que realizan, procurando que las partes en conflicto prefieran el diálogo para solucionar los problemas obrero patronales y colectivos y, con ello, conseguir la estabilidad del Estado.
