SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, diciembre 26.- El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, cuya iniciativa de creación es analizada por la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LXI Legislatura, busca atender de manera urgente el problema de acceso a la justicia que ha imperado en la entidad durante muchos años.

Este Instituto será un organismo público descentralizado, sectorizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y operativa para el cabal cumplimiento de su objetivo.

Tiene por objeto la prestación del servicio de la defensoría pública de los asuntos del fuero común, en los que intervengan adolescentes o con capacidades diferentes, representándolos en cualquier materia, además de proporcionar obligatoria y gratuitamente la defensa de los derechos de los indígenas y personas de escasos recursos económicos, en lo individual o colectivo, sin importar la materia de que se trate.

De acuerdo con la iniciativa de ley que durante la sesión ordinaria efectuada el pasado 21 de diciembre fue enviada a la Comisión Permanente de Administración de Justicia, establece las bases del Servicio Civil de Carrera de la Defensoría Pública, sus procedimientos de selección, ingreso y formación.

En un capítulo único resalta la responsabilidad de los servidores públicos de ese instituto, así como las sanciones a que se harán acreedores si incurren en irregularidades.

Explica que los servicios de la Defensoría Pública se prestarán en los distritos judiciales en los que se encuentre dividido el Estado a través de defensores públicos en asuntos del orden penal del fuero común y de protección del interés de los menores infractores, así como asesores jurídicos en problemas del orden familiar, civil, mercantil y laboral.

Por otra parte, el Servicio Civil de Carrera para los defensores públicos y asesores jurídicos comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca estará constituido por un Consejo Consultivo que es el cuerpo colegiado que estará integrado por ciudadanos especialistas en la materia, con el objeto de promover la participación de estos.

Los Defensores Públicos en asuntos del orden penal prestarán sus servicios al imputado o imputada, incluso desde su detención o comparecencia ante la policía, el Ministerio Público o la autoridad judicial y hasta el fin de la investigación de la sentencia, y en el caso de los menores desde el inicio de la investigación y hasta que se cumpla con la medida que le sea impuesta.

Las quejas que se formulen ante los Defensores Públicos por los detenidos o internos en establecimientos de detención o reinserción por falta de atención médica, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por golpes y cualquier otra violación a sus derechos humanos que provengan de cualquier servidor público, se denunciarán ante el Ministerio Público o la autoridad que tenga a su cargo los centros de custodia y readaptación social y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

La iniciativa de Ley contempla sanciones por parte de la Secretaría de la Contraloría a los defensores públicos y asesores jurídicos que incurran en irregularidades, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y demás disposiciones aplicables.