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Aprueba Congreso modificaciones a ley orgánica del Poder Ejecutivo

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, enero 13.- Con 32 votos a favor, la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, aprobó la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, que da paso a la creación de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado y entre otras cosas, robustece la estructura de la Consejería Jurídica de la administración estatal.

En rechazo, hubo solo un voto, el de la diputada del Movimiento Ciudadano, Margarita García García, quien arremetió en contra del dictamen emitido por la Comisión de Administración de Justicia, encabezada por el panista, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, pues aseguró que no se emitió a tiempo el dictamen respectivo al cual pudo haber hecho observaciones.

No obstante, la mayoría de los diputados del PRI, PAN, PRD, PT y MC, avalaron el dictamen de reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. En él, le quitan a la Secretaría General de Gobierno dependencias y atribuciones que pasan a ser de la consejería jurídica.

Entre estas, la Consejería Jurídica, organizará y supervisar al Registro Civil, Notarías y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; además administrará los talleres gráficos, supervisará la publicación del periódico oficial.

Además de que el consejero jurídico tramitará los nombramientos que expida el Gobernador del Estado, vigilar y ordenar visitas periódicas de inspección, autorizar y sancionar las actividades de los notarios públicos.

Así mismo, a la Secretaría de Desarrollo Social, le confieren diseñar y ejecutar los programas de atención al sector de ahorro y crédito popular y además a los exbraceros.

Dar asistencia técnica y capacitación a las autoridades municipales para fortalecer las tareas de planeación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo municipal, coadyuvará en los mecanismos de respuesta ante la existencia de siniestros y contingencias, y el establecimiento de una agenda desde lo local.

Además de que las atribuciones de la Coordinación de Módulos de Desarrollo pasan a ser de la Secretaría de Desarrollo Social.

En tanto, las nuevas atribuciones de la Consejería Jurídica, se estableció que en caso de que el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, se encuentre ausente del recinto del poder ejecutivo del estado, podrá firmar promociones, informes e interponer recursos de impugnación en los asuntos en que sea parte, tenga interés jurídico o sea requerido Cué Monteagudo.

Presentar dentro del ámbito de su competencia, denuncias y formular querellas ante el Ministerio Público, y otorgar el perdón al acusado cuando proceda.

Y en materia de transparencia, el consejero jurídico, fungirá como Unidad de Enlace en materia de Transparencia de la Gubernatura y de la propia Consejería Jurídica; asimismo, ser el Secretario Técnico del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado, actuando como sujeto obligado.

En comisiones, se discutió que esa atribución le corresponde a la Secretaria de la Contraloría, Perla Marisela Woolrich, no obstante fue desestimado ese argumento.

Antes de aprobarse el dictamen de la nueva ley orgánica del poder ejecutivo, los diputados del PAN, PRD y MC expresaron sus opiniones.

En contra parte, por el PRI, aun cuando dio su voto a favor, el diputado, Elías Cortes López, aclaró que para los representantes del tricolor, la propuesta inicial era inacabada, imprecisa e inadecuada con serias incongruencias jurídicas, por lo que hubo necesidad de hacerle modificaciones sustanciales.

Aseguró que el voto de confianza, del PRI, no permitirá que los resultados de un gobierno que prometió mucho, sean aplazados. “No es justo que la ciudadanía siga esperando que los funcionarios brinden buenos resultados”.

Y es que dijo que la ciudadanía ha presenciado con pesar como el gobierno no ha cumplido lo prometido. “A un año de gobierno, los hechos hablan por sí solos, la realidad es abismalmente diferente entre la campaña publicitaria del gobierno del cambio y los escasos o nulos resultados”.

Confió en que las adecuaciones hechas establezcan las bases reales de un buen gobierno, al cual se pueda pedir cuentas y exigir buenos resultados, que se verán reflejados en el próximo informe.

“Ahora ya no hay pretextos ni justificaciones para el fracaso, únicamente la sociedad pide responsabilidad y buenos resultados”, espetó desde la tribuna.

 

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