OAXACA, OAX., agosto 8.- El Estado Mexicano volvió a fallar en sus compromisos internacionales en materia de protección a defensoras de derechos humanos y periodistas, lo cual es una muestra más de la debilidad de la democracia y el estado de derecho en nuestro país.

Para la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, la Red Nacional de Defensoras en México, Consorcio Oaxaca, JASS, Tlachinollan, Red Mesa de Mujeres y CIMAC, resulta de gran trascendencia que el Comité haya expresado su profunda preocupación por los riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos y las mujeres periodistas, así como por la impunidad en la que han quedado los casos.

Durante el diálogo constructivo entre el Estado mexicano y el Comité el pasado 17 de julio de 2012, las expertas Line Bareiro, Soledad Murillo, Pramila Paten y Zohra Rasekh preguntaron al estado mexicano sobre el número de casos de agresión y asesinato a defensoras y periodistas en los que ha sancionado a los agresores, sobre cómo actúa en los casos donde los agresores son autoridades del propio Estado.

Asimismo, sobre qué medidas está tomando para combatir la impunidad y proteger a las defensoras que siguen siendo amenazadas a pesar de contar con medidas cautelares. Todas coincidieron en que la falta de justicia y castigo a los responsables de los ataques es la principal causa de que la violencia siga en aumento.

Las respuestas del Estado mexicano fueron ambiguas, imprecisas o francamente evasivas y equivocadas y no pudo demostrar con datos objetivos la disminución de los ataques y las agresiones. Como nuestras organizaciones hicieron saber al Comité, no se ha hecho justicia en los 13 casos de mujeres periodistas asesinadas entre 2005 y 2011 y los 11 casos de defensoras asesinadas entre 2010 y 2011.

Por el contrario, durante 2012 se siguen acumulando casos de periodistas asesinadas, como el caso de Regina Martínez; organizaciones siguen siendo allanadas, difamadas y hostigadas como el caso de ProDesc y cada vez más defensoras y mujeres periodistas se ven obligadas al desplazamiento forzado por motivos de seguridad y a dejar su trabajo en favor de la justicia y la libertad de expresión.

Por eso, las organizaciones mencionadas exigen al Estado mexicano el cumplimiento puntual de las recomendaciones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer que en sus siglas extranjeras son CEDAW, a través de las cuales se exige al Estado Mexicano adoptar medidas concretas, adecuadas y eficaces para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como adoptar medidas eficaces para combatir la impunidad y garantizar el derecho a defender y promover los derechos humanos.