OAXACA, OAX., julio 12.- Durante su informe, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, reconoció que de las 11 recomendaciones que hizo a autoridades municipales, de procuración de justicia y educación, no fueron respondidas por los titulares de las dependencias.

Entre las cinco autoridades que recibieron recomendaciones destacan la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Ayuntamientos.

De entre las 11 recomendaciones destacan las que fueron dirigidas a los ayuntamientos de Santa Cruz Xoxocotlán, por seguridad jurídica y personal contra periodistas, en el cual se solicitó la reparación del daño, sin embargo, la autoridad municipal respondió y se turnó al Congreso para que compareciera el munícipe José Julio Antonio Aquino.

El ayuntamiento de San José Tenango en agravio de un menor que fue lesionado por elementos de la policía municipal, quienes lo agredieron físicamente accionando sus armas de fuego.

Otro municipio fue el de Reyes Etla, cuando policías accionaron sus armas en un retén al momento que un ciudadano negó frenar su vehículo para la revisión rutinaria, suceso en el cual la persona perdió la vida.

El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez por la integridad personal y trato digno a favor de los activistas del movimiento #Yosoy132, y en cual también se solicitó el recuento de los daños.

En San Juan Mazatlán, Mixe, por la retención arbitraria en contra de Alejandro Solalinde Guerra; en dicha recomendación, la Defensoría pidió se retirara el retén policiaco y disculpa pública hacia la víctima, sin embargo, no fue aceptada.

Asimismo el IEEPO, por violaciones respecto al trato desigual a indígenas de Tamazulapam, en donde se pidió reparación del daño, así como la seguridad y educación en una escuela de Cuilápam de Guerrero, y otra por violaciones a la educación en agravio de alumnos de Oaxaca de Juárez.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuvo dos recomendaciones, una por derecho a la vida e integridad física en agravio de familiares de internos en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por no ejecutar ordenes de aprensión.

Peimbert Calvo, declaró que la mayoría de las recomendaciones no han sido acatadas por dichas autoridades, pese a ello, reiteró que su administración tiene como objetivo mejorar la atención ciudadana, a quien llamó acercarse para hacer valer sus derechos.