SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, agosto 29.- Con 26 votos de los diputados de la coalición PAN, PRD, PT y MC, la sexagésima primera Legislatura del Estado rechazó la tarde-noche de este miércoles la Cuenta Pública que contiene los recursos ejercidos en noviembre de 2010, último mes del mandato del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y diciembre del mismo año correspondiente al inicio de ejercicio del gobernador Gabino Cué Monteagudo, por no haber claridad en el gasto ejercido, que en ese periodo fue superior a los 7 mil 851 millones 331 mil pesos. Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hubo 2 votos en contra y 12 abstenciones.

Luego de superar la toma de la tribuna por parte de los legisladores del otrora invencible Partido Revolucionario Institucional (PRI), los coalicionistas aprobaron por mayoría de votos el dictamen que presentaron tres de los cinco diputados de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el que se decretaba que tras la revisión del informe emitido por la ASE, sobre la cuenta pública correspondiente a esos meses, “NO se aprueba”.

Con su negativa, el Congreso del Estado también instruyó a la ASE que dirige Carlos Altamirano Toledo “realizar las acciones conducentes para aclarar el uso y destino de poco más de 7 mil 851 millones 331 mil pesos en el último mes de gobierno de Ruiz Ortiz y el comienzo de Cué Monteagudo.

HUELE A MAOH: PRD

Durante su intervención, el integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, afirmó que aprobar la cuenta pública sería “traicionar al pueblo de Oaxaca”.

Argumentó que la Secretaría de la Contraloría mantiene expedientes abiertos de investigación y denuncias penales en contra de varios funcionarios de la anterior administración por presunta malversación de recursos públicos.

Frente a sus compañeros legisladores soltó que “todavía se percibe un olor a corrupción en el Estado, para lo cual urge concluir el proceso de revisión y verificar obras y acciones correspondientes al 2010. Huele a Ortega Habib”, soltó el Legislador perredista ante los reclamos y rechifla de la bancada priista.

NO ESTAMOS LIMPIANDO LA CUENTA DE URO: PRI

A su vez, el presidente de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), José Antonio Hernández Fraguas, también del PRI, acusó a la mayoría de diputados de otras filiaciones partidistas, de actuar al margen de la ley.

Dijo que la alianza gobernante violentó la legalidad al apoyar, de manera fraudulenta, la aprobación del dictamen que rechaza la Cuenta Pública del último bimestre del 2010, basándose en una reforma constitucional que no ha entrado en vigor, pues no se publicó en tiempo y forma en el Periódico Oficial del Estado, hasta las 17:15 horas de este miércoles 28 de agosto de 2013.

El ex edil priista de la Ciudad de Oaxaca denunció la actitud “abusiva y arbitraria” de los coalicionistas al no aprobar una cuenta pública que no tiene fundamento legal.
“Fue un albazo legislativo y una actitud antidemocrática”, enfatizó Hernández Fraguas.

“Por eso carece de fundamentación legal haber subido para votación en el pleno un dictamen presentado con base en los plazos legales de una reforma aun no sancionada en todos sus pasos procesales, concretamente la etapa indispensable de la publicación”, añadió.

“No pueden decir ahora que esa reforma ya está en vigor sólo por una presunta edición ‘extraordinaria’ del Periódico Oficial del Estado con fecha 26 de agosto de 2013, al ser una edición espuria”, lanzó.

El Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia argumentó que “no se trata de prejuzgar sobre el contenido de las cuentas públicas, ni el ejercicio debido de los recursos públicos, sino de respetar la legalidad de los plazos establecidos para aprobar esas cuentas.

“Me sorprende que tres integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Congreso (Juan Mendoza Reyes, del PAN; Tomás Basaldú Gutiérrez, del PRD; y Flavio Sosa Villavicencio, del PT) se reunieran y presentaran un dictamen fuera de toda proporción política y que no corresponde a los acuerdos de un Congreso democrático”, completó.

El ex munícipe capitalino aseguró que tampoco el PRI buscaba proteger al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en virtud de que al rechazar la cuenta pública del último mes del ex mandatario priista, la coalición PAN, PRD, PT y MC rechazaban también la primera cuenta mensual de Cué Monteagudo.

Aclaró que el PRI y el Congreso del Estado en su conjunto “no exoneran ni castigan a nadie.

“No vamos a limpiar conciencias, de ninguna manera, lo que decidamos en este Congreso no modifica la responsabilidad que tiene la ASE de iniciar los procedimientos sancionatorios y resarcitorios, e incluso las denuncias penales. Por eso no estamos limpiando la cuenta de Ulises Ruiz, no engañemos a la gente, no vamos a exonerar a nadie”, subrayó.

El priista insistió que el auditor superior Carlos Altamirano Toledo es el único facultado para autorizar los finiquitos a los ex mandatarios.

AÚN EXISTEN PROCEDIMIENTOS PENALES VS EX FUNCIONARIOS DE URO: PAN

Luego subió a tribuna el coordinador parlamentario del PAN, Juan Mendoza Reyes, quien aseguró que luego de la revisión de la ASE no hay argumentos sólidos para aprobar el último bimestre de 2010, toda vez que con ello se otorgaría un finiquito para efecto de extinguir las cauciones para el manejo de fondos a los valores públicos a los servidores públicos y empleados.

“Aprobarla produciría la extinción de las responsabilidades para con el erario de acuerdo con los artículos 41 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca”, precisó.

El Legislador panista dijo que la Secretaría de la Contraloría realiza actualmente acciones de fiscalización y ha iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa, expediente 820/RA/2011.

Aunado a que existen procedimientos de carácter penal, como el caso del Juicio de Amparo principal número 1033/2011, 1122/2011, segundo juzgado de distrito número 191/2012, 1033/2011 y 1122/2011.

URGE ESCLARECER DESTINO DE 900 MDP ENTREGADOS A CAO: PT

Primero en hacer uso de la tribuna para discutir el tema, el diputado Flavio Sosa, de la bancada del PT, se pronunció en contra de la aprobación de la Cuenta Pública del último bimestre de 2010, toda vez que no hay claridad en cómo se ejercieron los recursos públicos.

Dijo que antes de entregar el finiquito a los ex funcionarios urge saber el destino de 900 millones de pesos entregados en efectivo por Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) para gastos a comprobar, aunado al quebranto patrimonial por más de cuatro mil 200 millones de pesos.

“No podemos aprobar una cuenta pública cuando hay procedimientos en contra de funcionarios de la pasada administración”, puntualizó.

A su vez, el diputado Tomás Basaldú, del PRD, sostuvo que en la pasada administración hubo mal manejo de recursos y funcionarios de primer nivel, como el ex Secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, se encuentran involucrados.

Reconoció que el asunto de la última cuenta pública de Ulises Ruiz es un asunto espinoso, ya que quien auditó la cuenta pública fue la ex auditora superior del Estado, la joven Rosa Lizbeth Caña Cadeza.

ACTUAR CONTRA URO, “TRES AÑOS YA FUERON SUFICIENTES”

Y al fijar su posicionamiento, la diputada independiente Margarita García García recordó que de los presuntos malos manejos de recursos de la pasada administración, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) giró nueve órdenes de aprehensión contra funcionarios del ex gobernador Ruiz Ortiz por el delito de peculado en agravio del erario por un monto superior a los 1 mil 232 millones de pesos.
Citó el caso de presunta corrupción del ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, quien trianguló más de 800 millones de pesos del erario entre 2002 y 2009.

Recordó que también se liberaron órdenes de aprehensión por el quebranto de 495 millones 700 mil pesos a la hacienda pública en contra Ortega Habib y Fernando González García, Raúl Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls, ex coordinadores de Comunicación Social, además de Jorge Efrén Rojas Hernández, jefe administrativo de la misma dependencia.

García García refirió que del presunto daño patrimonial de 736 millones 218 mil pesos se libró órdenes de aprehensión contra Ortega Habib y González García, así como a los ex directores de CAO, Armando Félix González Bernabé y Ambrosio Vásquez Arango.

También se dictó auto de formal de prisión en contra de Manuel Alejandro Hernández Muñoz, ex director de Administración y Finanzas de CAO por los delitos de abuso de autoridad y peculado.

La Legisladora independiente, antes del Movimiento Ciudadano (MC), aprovechó la ocasión para exhortar al Gobernador, al Procurador de Justicia, a la Contralora, a la Federación y a las autoridades judiciales a actuar contra Ulises Ruiz Ortiz y sus funcionarios, porque tres años ya fueron suficientes.

Vino entonces la consulta legislativa y con 26 votos de los diputados del PAN, PRD, PT y MC la sexagésima primera Legislatura rechazó la aprobación de la última cuenta pública de Ulises Ruiz y la primera de Cué Monteagudo, en el 2010.