OAXACA, OAX., octubre 9.- El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, llamó este jueves a los ayuntamientos del estado de Oaxaca a respetar, proteger y hacer efectivas esas prerrogativas universales para todas y todos sus habitantes, dado que el cumplimiento de esa obligación legal les permite además evitar escenarios de violencia e ingobernabilidad.
El ombudsman estatal señaló que las autoridades municipales son normalmente las más señaladas como posibles violadoras de derechos humanos, lo que podrá cambiar sólo a partir de que las y los funcionarios de todos los ayuntamientos comprendan cabalmente las obligaciones y límites que les establecen los derechos humanos.
En el acto por la firma de un convenio de colaboración entre la Defensoría y el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Peimbert Calvo explicó que en las sociedades donde se permite hablar a las personas excluidas y se protegen sus derechos humanos, es menos probable que éstas recurran a la violencia para solucionar sus demandas, lo que permite una mejor estabilidad social e institucional.
La gobernabilidad, dijo, depende de una interacción dinámica, sana y efectiva entre gobernados y gobernantes, en la búsqueda del mejoramiento de todas las condiciones de vida de todas las personas, que sólo puede ser a partir del cumplimiento cabal de los derechos humanos, por lo que éstos son el prerrequisito y el marco en que se puede construir la gobernabilidad.
Durante el acto, en el que participaron también el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, integrantes del cabildo y de la administración municipal, así como servidores públicos de la Defensoría, Peimbert Calvo resaltó que la gobernabilidad incluye entre sus componentes a la buena gobernanza, concepto promovido por la Organización de las Naciones Unidas.
La buena gobernanza, explicó, “implica la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el Estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero, así como escenario para la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento”.
Las sociedades con buena gobernanza, de acuerdo con la ONU, tienen menos probabilidades de sufrir por la violencia y la pobreza, pues cuando se permite hablar a los excluidos y se protegen sus derechos humanos, será menos probable que recurran a la violencia como solución, expuso el ombudsman.
Subrayó que cuando las personas pobres tienen voz y capacidad de incidir en los asuntos públicos, es más posible que la acción gubernamental implique políticas que reduzcan la pobreza.
Peimbert Calvo puntualizó que la gobernabilidad depende de una interacción activa, sana y efectiva entre gobernados y gobernantes, en la búsqueda del mejoramiento de todas las condiciones de vida de todas las personas, que sólo puede ser a partir del cumplimiento cabal de los derechos humanos.
El Defensor del Pueblo señaló que “es clara la necesidad de actuar con una visión de largo plazo que permita que cada vez más personas tengan la posibilidad real de ejercer cada vez más derechos humanos. Para los gobiernos, no obstante, los derechos humanos no deben ser moneda de cambio para adquirir un beneficio futuro”.
