La situación del país, como he dicho, es asaz delicada y la estabilidad social se adivina hoy más endeble que nunca. No hay empleos suficientes, y los que existen están tan mal pagados que no cubren lo más indispensable para una familia de cinco miembros.

Hay indicadores seguros y elocuentes que respaldan mis temores: el incontenible crecimiento del ambulantaje y el contrabando, el medio millón de mexicanos que cada año emigra (o lo intenta) a Estados Unidos y la desatada marea delincuencial (organizada o no) que se nutre, básicamente, de los miles de menesterosos que no encuentran otra opción para ganarse el sustento.

Y a todo ello hay que sumar el alza constante de los precios, la falta total o la insuficiencia de servicios básicos como agua, luz, drenaje, pavimento, escuelas, clínicas y hospitales, vivienda al alcance de los grupos de menores ingresos. ¡80 millones de pobres del total de 107 que somos, hablan casi de un desastre nacional!

Nada de esto es nuevo y hay, por eso, información confiable que atestigua que las clases poderosas han respondido siempre de la misma manera en coyunturas semejantes.

Que en vez de intentar aliviar la carga que pesa sobre los trabajadores y sus familias, en lugar de racionalizar su egoísmo y su desmedida ambición de riqueza instrumentando políticas redistributivas de la renta nacional, optan por el puño de hierro, por endurecer el trato hacia las masas mediante el uso represivo de las leyes, del aparato judicial, de la fuerza armada del Estado; criminalizando las manifestaciones de descontento, los derechos de protesta y de denuncia públicas, aplicando garrote y cárcel a los inconformes y a sus líderes.

Y, paralelamente, se atrincheran en una negativa total a las peticiones del pobre, con el argumento de que, de ceder a ellas, estarían alentando peligrosamente el espíritu pedigüeño de la gente, que no conoce límites.

Puede dudarse de si los poderosos no han aprendido las lecciones del pasado; si no habrán entendido que hay otros caminos que los trillados de la mano dura y la represión. Opino que no y doy algunos argumentos fácticos.

1.- Ocho meses hace ya que humildes indígenas del estado de Guerrero, gobernado por un rico empresario del PRD, fueron despojados de un predio en el que pensaban edificar sus humildes viviendas, por un cacique arbitrario y bravucón, y desde entonces permanecen en plantón solicitando la reparación del daño.

Y allí siguen, esperando justicia como quien espera a Godot, porque el “señor gobernador” tiene otros asuntos y otras prioridades mayores que oír las quejas de una partida de desarrapados.

2.- En la ciudad de Tijuana, Baja California, gobernada por el PAN, hace más de tres años que está pendiente la reubicación de cientos de familias asentadas en el cauce seco del arroyo Alamar, donde corren mortales peligros cada temporada de lluvias.

Compromisos y promesas de solución han ido y venido y el problema sigue sin solución. ¿Esperan acaso que ocurra una desgracia? Suma y sigue.

3.- El gobierno de Quintana Roo no sólo desoye demandas justas de campesinos pobres y de estudiantes de escasos recursos que solicitan un albergue para poder continuar sus estudios.

Desconoce, además, el derecho que asiste al Movimiento Antorchista para encabezar y defender a los desamparados, y amenaza desembozadamente al dirigente estatal, Dimas Romero González, en caso de persistir en su actitud.

Hace unos días, por el “delito” de colectar en la vía pública recursos para el albergue mencionado, Dimas y sus compañeros fueron encarcelados “por faltas administrativas”.

4.- En Oaxaca, 35 indígenas mixtecos, oriundos de Buenavista, Santo Domingo Yosoñama, llevan más de un mes secuestrados por gente de San Juan Mixtepec, cercana al partido (PRI) del señor gobernador Ulises Ruiz, y ni las súplicas de los familiares, ni las protestas de sus compañeros, ni la invocación de la ley y los derechos humanos han tenido efecto alguno.

5.- Hace poco, una caravana de hidalguenses que se dirigía al DF para exigir justicia, fue intencionalmente embestida por un autobús con el saldo de un antorchista muerto y 18 heridos. Y no hay duda de que la brutal agresión vino del nivel más alto del gobierno de Hidalgo.

6.- Pero quien se lleva la palma es, otra vez, el doctor Fernando Toranzo, gobernador de San Luis Potosí. Tras “aprobar” una irrisoria cantidad de recursos (no quiero dar el monto por hoy) para atender todas las necesidades de los pobres organizados en Antorcha, que son inmensas y no por culpa de los antorchistas, todavía advirtió: no pueden gastar ni un solo peso en paquetes para mejoramiento de vivienda ni en maíz para la alimentación humana.

En la Huasteca hay hambre, reconoció, pero yo no me voy a poner a darle de comer a esa gente. ¡Yo no estoy aquí para eso! No dijo, por cierto, para qué sí está en el poder. ¿Qué se concluye de todo esto? Lo dicho: que las clases poderosas no aprenden de la historia y sólo hacen caso, siempre, a sus egoístas intereses.

Los ejemplos que he aportado sugieren fuertemente que no se trata del error aislado de alguien, sino de una política de Estado, de aplicación universal y obligatoria para todos los gobernantes, sin distinción de partido.

Los pobres tienen que entenderlo así y sacar sus propias conclusiones: que sólo la fuerza de su número, que es inmensa e invencible a condición de que esté educada y organizada, puede cambiar las cosas en su favor.

Llegó la hora de que los humildes hagan a un lado sus temores, provocados por las calumnias y los falsos rumores en contra de Antorcha, y de que se incorporen resueltamente a sus filas para luchar unidos por un país nuevo y mejor, por una política económica que cierre la brecha entre los que todo lo tienen y los que no tienen más que las cadenas de miseria e ignorancia que los atan. De no ser así, será como dijo Dante: “¡Oh, los que entráis aquí, dejad toda esperanza!”.

(*) Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional.