Las imágenes no podían ser más elocuentes: de un árbol un adolescente colgaba de los pies en el atrio de la iglesia de Jalatlaco, uno de los barrios del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca.

Los vecinos lo habían detenido, luego que el jovenzuelo robara un celular, para aplicar la justicia por mano propio. Hubo de negociarse con funcionarios del Ayuntamiento citadino y la policía estatal para evitar tal linchamiento.

Lo más grave es que, a fuerza de su repetición, estos hechos violentos van tomando carta de naturalidad en la sociedad oaxaqueña.

En febrero pasado se presentaron cruentas escenas en Salina Cruz con el linchamiento de un adolescente: muerto a golpes, le prendieron fuego, ante la impávida mirada de los policías municipales.

Días después en Pueblo Nuevo, en el perímetro de la ciudad, una turba intentó linchar a un asaltante, que fue rescatado por la fuerza pública.

Dos semanas más tarde, en la región de la Costa, tras un intento de asesinar al párroco de Merced del Potrero, San Miguel del Puerto, los vecinos aprehendieron a uno de los agresores y propusieron hacerle un juicio sumario y lincharlo. Si bien piden la presencia de la policía, a la cual, tras negociaciones con las autoridades locales, les es entregado el delincuente.

Y en las últimas dos décadas hay otros casos no menos escandalosos. En San Blas Atempa y Magdalena Tequisistlán, en el Istmo; en Río Chiquito, Jocotepec, en el Papaloapam, en el caso de Oaxaca.

Quién no recuerda el linchamiento, transmitido por TV en horario estelar, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, en plena zona metropolitana del Distrito Federal.

Y recientes intentos de esta venganza personalizada acaecidos en los estados de México e Hidalgo.

Para que este fenómeno social se presente concurren una serie de variables sociales, culturales y económicas, entre las que resaltan dos factores recurrentes:

1).- Sociedades de marcada pobreza y precariedad social, o inmersas en crisis económicas; y 2).- La ineficacia de las instituciones estatales encargadas de garantizar la seguridad pública y la aplicación de la justicia.

Lo primero se explica, al ver cómo el modelo neoliberal ha precarizado a grandes masas de la población. Ante el aumento del desempleo, pobreza, marginación, delincuencia, deserción escolar, etcétera, lo que se tiene son desarreglos en las estrategias que la sociedad tenía para interactuar.

Esto se prueba al ver que a partir de 1982, el índice de linchamientos e intentos de ello aumentó en México. De pocos casos en esa década, ascendieron a decenas para los años 90’s.

En los años posteriores a la crisis del 94, crecieron hasta alcanzar los 40 casos en 1995, 47 en 1996 y 38 en 1997 (Antonio Fuentes. “El Estado y la furia”. El cotidiano 131). Ahora, tras la grave crisis que atraviesa México, hemos visto que estos hechos se presentan con mayor frecuencia.

Los linchamientos hablan también de la debilidad de las instituciones. Según el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, en México se sentencia apenas a 24 personas por cada mil hechos delictivos registrados oficialmente.

Al considerar los delitos realmente cometidos, tenemos que se sentencia a siete de cada mil, lo que equivale al 0.7 por ciento; por lo tanto, el 99 por ciento quedan impunes.

Ahora, si se consideran sólo las averiguaciones previas iniciadas durante los últimos años, la eficiencia del sistema de justicia es, en promedio, cuando más del 3.8 por ciento; es decir, por cada 100 personas de las cuales se presume su responsabilidad en hechos delictivos, sólo se sentencia a menos de 4. (www.icesi.org.mx).

La impunidad nos habla, como en el caso de Oaxaca, de una ineficiencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero también de complicidades.

En un reciente informe de evaluación sobre la independencia del Poder Judicial en Oaxaca (www.deplf.org), se muestra su subordinación al Poder Ejecutivo, devela la existencia de “jueces por consigna” que sólo acatan instrucciones para juzgar o liberar a personas sin importar si son inocentes o culpables y, en cambio, tienen un gran rezago para los procesos que se encuentran en su jurisdicción.

En parte los linchamientos son producto de graves fallas, irregularidades, prácticas de corrupción, falta de profesionalización y leyes obsoletas que caracterizan la ineficiencia de las instituciones.

También abona en ese sentido el clima de inseguridad que priva y, por supuesto, la ineficiencia de los cuerpos policiales. Por eso la población no confía en ellas y prefiere hacerse justicia por mano propia.

Los métodos empleados en el linchamiento, aunque parecieran cosa secundaria, no lo son. Cerca de la mitad de los linchados son muertos a golpes. Esto se explica porque así se genera un ejercicio simbólico de justicia por mano propia.

La golpiza hace indiferenciado al autor efectivo del hecho y refuerza una dimensión colectiva que favorece en el imaginario de los linchadores la idea de que es “la comunidad”, “la gente”, “el pueblo”, quien comete el linchamiento, sin que ninguno pueda ser responsabilizado o se sienta responsable, individualmente, del resultado final. (Carlos M. Vilas. (In)justicia por mano propia: linchamientos en el México contemporáneo. Revista Mexicana de Sociología).

Un elemento sustancial es la negativa a dejar la aplicación de la ley en manos de las instituciones: las víctimas son arrancadas de manos de las autoridades (como sucedió en San Blas Atempa o en Magdalena Tequisistlán); se hace en presencia de ella (Salina Cruz); se le enfrenta (Pueblo Nuevo); en el mejor de los casos se “negocia” la no ejecución de la víctima (Merced del Potrero y Jalatlaco).

El linchamiento se presenta, fundamentalmente, como violencia de pobres contra pobres, unos y otros compartiendo la misma falta de justicia institucional.

Ilustra, por lo tanto, la discriminación por sesgos étnico-culturales y de clase en el acceso a las instituciones públicas, incluso en cuestiones básicas como la vida, la libertad, la dignidad o el patrimonio de las personas.

Los linchamientos son el ejemplo más dramático de que el Estado de Derecho es una aspiración y no una realidad.

Ante la incapacidad del sistema de justicia, los pueblos actúan en legítima defensa. Esos no son los “usos y costumbres” de ningún pueblo indígena de México; es el resultado de la desesperación de cualquier grupo humano ante la ausencia de justicia.

Entender las causas de los linchamientos o encontrarles explicación no debería conducir a una justificación de los mismos.

No hay que confundirnos respecto del carácter profundamente brutal, injusto e inhumano del linchamiento, así como de su intrascendencia para resolver los problemas que lo detonan.

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