OAXACA, OAX., mayo 31.- Representantes de cámaras empresariales, presidentes de organizaciones civiles, comerciantes establecidos, integrantes del sector cultural y padres de familia demandaron este martes a la SEP y al IEEPO la aplicación de descuentos a los integrantes de la Sección 22 del SNTE “por incumplir con su labor de educar”.
Exigieron, asimismo, “la aplicación del estado de derecho para cortar de raíz los vicios y la espiral de ilegalidades que genera el Magisterio oaxaqueño”.
Y al Gobierno del Estado le solicitaron formalmente “liberar inmediata y permanentemente las plazas públicas y las calles del Centro Histórico que mantienen sitiadas los mentores desde el 23 de mayo pasado”.
Fabiola Calvo, del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (Cocentro); Guadalupe Hernández Aguilar, presidenta del Consejo Impulsor de Desarrollo Empresarial (CIDE); Fidel Méndez Sosa, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), y Juan José Meixuiero, de la Barra de Abogados, demandaron al gobierno de Gabino Cué Monteagudo la “aplicación del estado de derecho”.
En conferencia de prensa, pidieron también la implementación de un fideicomiso para resarcir los daños generados a la iniciativa privada, especialmente a los comerciantes establecidos en la capital del estado, que según sus estimaciones asciende a 150 millones de pesos por la inactividad económica que han provocado los integrantes de la Sección 22 del SNTE.
Estas exigencias están plasmadas en un documento que los hombres y mujeres de negocios dirigen al presidente Felipe Calderón Hinojosa; al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal; al gobernador Gabino Cué y al director general del IEEPO, Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán.
“En Oaxaca la ley no debe tener distingos; en Oaxaca no hay ciudadanos de primera ni de segunda clase; en Oaxaca el Gobierno debe garantizar el estado de derecho”, señalaron.
Además, convocan a presidentes municipales y padres de familia a fijar una fecha como ultimátum para el regreso inmediato de los maestros a las aulas escolares, en virtud de que 1 millón 400 mil niños se quedarán sin el 30 por ciento de las clases programadas, de acuerdo con el calendario escolar de este año, “mientras 70 docentes cobran completas sus quincenas y a través de la presión adquieren todo tipo de privilegios”.
Señalaron que “no se puede pretender construir, destruyendo” e insistieron que “no es con la violencia ni con el uso de la fuerza como se va a renovar la educación de nuestro estado.
“Requerimos de la reflexión, el análisis y sobre todo de la participación de toda la ciudadanía, porque no se pueden seguir atropellando los derechos de terceros en aras de intereses personales”, puntualizaron.
Los empresarios inconformes rechazaron las medidas de presión que los miembros del Magisterio ejercen sobre los gobiernos federal y estatal, “atropellando las garantías individuales de los ciudadanos, así como los derechos fundamentales de las niñas y los niños, consagrados en la Constitución”.
Recordaron que en el Artículo 3º Constitucional establece que “todo individuo tiene derecho a recibir educación”, pero 1 millón 400 mil niños y niñas, con las acciones de la Sección 22 del SNTE, se quedan sin el 30 por ciento de las clases programadas, de acuerdo con el calendario escolar 2010-2011”.
Manifestaron también que de acuerdo con la Ley del Trabajo, “ninguna persona podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.
Lo anterior, porque el 20 por ciento de los comercios del Centro Histórico no pueden abrir sus puertas y ejercer su derecho al trabajo.
“Por ello exigimos la aplicación de sanciones a los individuos que ataquen los derechos de terceros”, dijeron e insistieron que el derecho al libre tránsito está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantice que una persona se desplace libremente, limitaciones, por todo el territorio nacional.
Sin embargo, el Centro Histórico de la Ciudad, patrimonio cultural de la humanidad, se encuentra en manos de la Sección 22.
“Manteados, baños públicos, comercio ambulante e inseguridad es el común denominador de sus manifestaciones, dañando la imagen de Oaxaca como destino turístico y de los oaxaqueños hacia el mundo”, reprocharon.
Al IEEPO le insistieron que exija a los maestros el cumplimiento total del ciclo escolar, en virtud de que el año pasado el 30 por ciento de las clases no fueron impartidas, además de que se apliquen todas las evaluaciones que marca la SEP, tanto para docentes como para educandos.
Demandaron igualmente el cese de funcionarios del IEEPO impuestos por la Sección 22 del SNTE y por el Gobierno del Estado, la municipalización de la educación para que sea el Ayuntamiento el que controle la educación como lo establece el Artículo 3º Constitucional.
“Fuera privilegios; exigimos al Gobierno del Estado que la Sección 22 deje de ser un grupo privilegiado, económica y jurídicamente; exigimos la transparencia en sus contratos, plazas, pagos y prestaciones (…) porque en Oaxaca la ley no debe tener distingos y se debe garantizar el estado de derecho”.
Lamentaron que la Sección 22 del SNTE goce de impunidad, al retirarse con 1 mil 616.40 millones de pesos para satisfacer sus demandas, luego de fracturar, otra vez, la economía del Centro Histórico.
Después de más de 30 años de las mismas acciones por parte del Magisterio oaxaqueño, los hombres y las mujeres de negocios llamaron a la sociedad a “no seguir callada y sumisa ante las agresiones de de los maestros”.
Y reiteraron su convocatoria a autoridades municipales, cámaras empresariales, comerciantes, universidades, colegios, asociaciones civiles y padres de familia a impulsar “una consulta pública para renovar la educación en Oaxaca”.
