MÉXICO, D.F., julio 19.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitió a los medios de comunicación estar presentes en una sesión pública del Consejo de Guerra, que se reunió para determinar la inocencia o culpabilidad de un cabo que fue encontrado en posesión ilegal de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Como una muestra de transparencia en la aplicación de la justicia militar hacia los elementos castrenses, el Supremo Tribunal Militar enjuició a un cabo que se desempeñaba como encargado de la tortillería de la Tienda de la Sedena en Santa Gertrudis, Chihuahua, al ser penalmente responsable del delito de posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

El Supremo Tribunal Militar se encuentra ubicado en el Campo Número Uno, junto a donde se ubica la prisión castrense.

El Consejo de Guerra instaurado por cinco militares fue encabezado por el general de brigada Mariano Paulino Jiménez Mejía y el juez sexto militar coronel Antonio Ramírez Luna, quienes iniciaron el juicio público oral en el que el acusado de llevar varias maletas con siete mil 700 cartuchos y una pistola nueve milímetros fue presentado como culpable por un Ministerio Público Militar, encontrándosele responsable, por lo que se le condenó a cuatro años de prisión.

Inicio de la sesión

A las nueve horas se instaló el Consejo de Guerra en el Supremo Tribunal Militar, el cual duró alrededor de siete horas.

En el desarrollo del proceso penal, se estableció que el cabo llevaba en tres maletas siete mil cartuchos de varios calibres y una pistola nueve milímetros envueltos en varias cobijas, por lo que viajó desde Chihuahua hasta Guamúchil, Sinaloa, para entregar el armamento presuntamente a un mayor que lo estaba esperando.

El soldado se trasladó en tren desde Chihuahua hasta Los Mochis, Sinaloa, donde fue aprehendido por elementos de la policía militar.

De acuerdo con el acusado, el traslado de cartuchos y el arma de fuego se debió a una orden directa del capitán de administración Tomás Guzmán Díaz, quien desertó en 2006.

Destituido

El cabo fue sentenciado a cuatro años de prisión, así como al pago de una multa de mil 822 pesos, equivalente a 60 días de salario mínimo, además se le destituyó de su cargo y su grado, porque en el Consejo de Guerra no pudo probar su dicho sobre su desconocimiento del contenido de las maletas.

Cabe destacar que el enjuiciamiento del soldado se llevó a cabo por juicio oral, procedimiento instaurado desde 1932 en el Ejército mexicano.

Esta es la segunda vez que el Ejército mexicano permite que los medios de comunicación estuvieran presentes en un Consejo de Guerra.

La primera ocasión fue para procesar a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo acusados de narcotráfico.

Los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron señalados por testigos como responsables de haber conformado un grupo de inteligencia al servicio del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, entonces líder del cartel de Juárez en los años noventa.

Hace nueve años

La primera vez que el Consejo de Guerra abrió sus puertas a los medios fue el 28 de octubre de 2002:

Ese día, los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo fueron juzgados por narcotráfico y cohecho.

Ambos militares fueron detenidos el 31 de agosto de 2000 por la justicia castrense, acusados de narcotráfico, tras encontrarse presuntos vínculos con el cártel de Juarez.

Un año antes, Quirós y Acosta habían sido vinculados con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes; sin embargo, no hubo elementos suficientes para detenerlos.

Posteriormente, el entonces procurador de Justicia Militar, Rafael Macedo de la Concha, retomó la indagatoria iniciada por la PGR.