+ El objetivo es generar protocolos de detección, prevención e intervención en este tipo de actos, señala la Legisladora

SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, febrero 19.- La diputada Marlene Aldeco Reyes Retana manifestó que no es con educación, ni políticas públicas y menos con sanciones, como podrá modificarse la situación de discriminación que se vive en la entidad oaxaqueña.

Sostuvo que sólo incorporando a la iniciativa de Ley de No Discriminación en Oaxaca, la subvención a universidades y a centros de investigación se generarán protocolos de detección, prevención e intervención en este tipo de actos.

La legisladora Aldeco Reyes Retana, presidenta de la Comisión Permanente de Salud Pública del Congreso del Estado, participó en el “Foro sobre igualdad y NO discriminación en Oaxaca”, realizado el 11 del presente mes en el teatro “Macedonio Alcalá” de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, convocado por la LXI Legislatura del Estado, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) y la Coordinación de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo.

La representante popular por el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que nadie tiene derecho a coartar la libertad de nadie, a menos que esa libertad invada la de otra persona, pues discriminar es un concepto que tiene dos significados: uno bueno y otro antípoda; es decir, diametralmente opuesto.

Explicó que la discriminación es positiva cuando se basa en una diferenciación de grupos de individuos con base en sus particulares necesidades para generar una alternativa de solución.

“Sin embargo, la negativa es la tendencia a generar un prejuicio en base a tales distinciones, pues refiere a una situación anómala, un acto de abuso e injusticia que viola la igualdad de oportunidades”, indicó.

La diputada Reyes Retana reconoció la aportación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que en 2008 publicó el “Diagnóstico de la discriminación en el Estado de Oaxaca”, por el cual se pudieron detectar algunos elementos que distinguen a este fenómeno a nivel estatal.

Apuntó que en esta investigación se realizó un estudio de cinco grupos: personas con VIH, personas con discapacidad, grupos religiosos, mujeres e indígenas, y los autores resaltan que existen más sectores vulnerables como son los migrantes, el colectivo LGBTTTI – comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero–, y la población afrodescendiente.

Dijo que los grupos vulnerables identificados a nivel nacional son: la mujer pobre, cabeza de su hogar; los menores y adolescentes en situación de riesgo; los menores que viven en la calle; las personas adultas mayores, y personas con discapacidad.

Asimismo, la población rural e indígena afectada por la pobreza; mujeres embarazadas o en estado de lactancia, y las que sufren discriminación política y social; jóvenes y féminas desempleadas; trabajadores pobres empleados en el sector informal; personas sin cobertura en la seguridad social.

Por ello, insistió en que es necesario hacer funcionales los objetivos de convenios y tratados internacionales que tutelan la dignidad de la persona, pero “lo cierto es que las mejores intenciones se encuentran de frente con la realidad y no se saludan, porque no se conocen”.

Consideró que la discriminación es un tema difícil, pues hay voluntad social, pero ¿quién quiere ocuparse de los asuntos de los demás? “El altruismo y la filantropía, como referencias, suenan bien, pero en la realidad generan grandes complicaciones”, subrayó.

Aldeco Reyes Retana advirtió que nadie va a dedicarse de tiempo completo a impulsar una reflexión respecto a respetar el derecho a las diferencias, y aunque hay fundaciones, asociaciones, instituciones de asistencia privada, éstas no se soslayan, pero sus acciones, en el mejor de los casos, siempre serán simbólicas o testimoniales.

“Ante la complejidad del problema, lo cierto es que no es sencillo concientizar respecto a que agredir o impedir a una persona diferente es un acto deleznable y contrario a los lineamientos sociales”, añadió.

Enfatizó que “ahí están las instituciones, los funcionarios, los parlamentarios, los distintos órganos de poder público, en sus diversos niveles, todas y todos quienes recibimos un pago por servir a la sociedad”.

“Todos podemos contribuir a conformar una red o un sistema para asegurar que las políticas institucionales, educativas, sociales, económicas, culturales, demográficas, que impulsen resultados cuantificables y evaluables, para erradicar la discriminación; sin embargo, todas y todos sabemos que ésta es una victoria pírrica”.

Por ello, insistió en que en la iniciativa de ley en la materia debe incluirse la incorporación de un subsidio a universidades y centros de investigación, para que generen protocolos de detección, prevención e intervención en actos de discriminación, que se apliquen a nivel institucional, por lo menos. “Ese es un planteamiento adicional a lo eficazmente plasmado en la norma y que puede generar resultados”, puntualizó.