SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, agosto 29.- El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la LXI Legislatura estatal, Francisco García López, destacó la necesidad de acercar la justicia administrativa al ciudadano y regular con más claridad los juicios en esta materia, esto con el propósito de otorgar mayor certeza tanto a los administrados como a las autoridades estatales y municipales.

En este sentido, el legislador oaxaqueño envió una iniciativa en la que propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, con lo cual dejarían de existir las salas de primera instancia para crear los juzgados de primera instancia adscritos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Además, en esta propuesta se contempla que existan juzgados en materia administrativa en los distritos judiciales más importantes de la entidad.

Destalló que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca en su estructura se divide en tres libros. El primero referente a la figura del acto administrativo, el segundo establece la estructura, competencia y funcionamiento del TCA, y el tercero prevé la jurisdicción contenciosa al establecer el juicio de nulidad como la instancia para impugnar los actos que emiten distintos órganos de la administración pública.

Con esta iniciativa se propone reformar diversas disposiciones de la ley referida para adecuar el texto del libro segundo correspondiente a la organización y funcionamiento del TCA del Estado de Oaxaca, en el capítulo sexto, Artículo 104 fracción XIII y el Artículo 109.

De igual forma, detalló en entrevista el legislador juchiteco, dentro de esta iniciativa se contempla adecuar diversos artículos del Libro Tercero para regular con mayor claridad el juicio contencioso administrativo.

Recordó que con la reciente aprobación de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se consagró el derecho de los oaxaqueños a contar con un tribunal expedito para impartir justicia de manera completa e imparcial en los plazos y términos que fijen las leyes, con competencia para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares.

En la aprobación de la referida ley se establece que el TCA será competente para conocer las controversias entre particulares y la administración pública municipal, cuando no haya organismos o disposiciones de carácter municipal que deberán ser aprobadas por el Congreso del Estado.