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Concejales de PRI, PAN y PUP cancelan 414 permisos autorizados por Ugartechea

OAXACA, OAX., julio 31.- Con el objetivo de ordenar el comercio en vía pública y sancionar a quienes violaron el acuerdo de concejales de fecha 22 de octubre del 2008, el Cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó este jueves el dictamen de la Comisión Especial de Comercio en Vía Pública, integrada por concejales del PAN, PUP y PRI, que cancela 414 cuentas expedidas de manera ilegal durante el trienio 2011–2013 que presidió el neo panista Luis Ugartechea Begué.

Con esta acción el Gobierno de la Capital cumple su compromiso de recobrar de manera directa la fisonomía urbana y turística de la Ciudad, reivindicando la percepción ciudadana en torno a calles, colonias y barrios, así como combatiendo de manera frontal la oferta ilegal de espacios de comercio en la vía pública.

Durante sesión extraordinaria de Cabildo de este jueves, los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría de votos el dictamen presentado por la Comisión Especial de Comercio en Vía Pública que integran los concejales Francisco Reyes Cervantes, Francisco Javier Jiménez Jiménez y Rodrigo González Illescas.

Esta decisión surgió después de una búsqueda exhaustiva de documentos que derogaran el dictamen CECVP/001/2014, mediante el cual se declara la cancelación de diversos números de cuenta de comercio en vía pública otorgado en el periodo 2011–2013, mismos que fueron expedidos contraviniendo lo dispuesto en el acuerdo PM/4086/2008 y lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento para el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en Vía Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, pues fueron establecidos en espacios considerados expresamente como zona prohibida.

El dictamen aprobado por mayoría del Cabildo faculta a la Coordinación de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento capitalino a realizar todas las acciones que sean necesarias para hacer cumplir el acuerdo de cabildo.

El acuerdo de cabildo número PM/4086/2008, de fecha 22 de octubre del 2008, estableció la prohibición de la instalación de algún puesto más en la vía pública a partir de la fecha de aprobación del mismo, ordenando también levantar aquellos que se instalaron durante y después de realizado el censo de ese mismo año con el propósito de impedir la proliferación de vendedores ambulantes, tanto en el centro histórico como en agencias, barrios y colonias de la municipalidad.

 

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