La prensa de México sufrió una nueva estocada este domingo con el hallazgo del cadáver del periodista Moisés Sánchez Cerezo, que había sido secuestrado el 2 de enero en Veracruz.
Su cuerpo fue encontrado envuelto en una bolsa negra en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, una pequeña localidad de 20 mil 300 habitantes, informó en una conferencia de prensa el procurador estatal Luis Ángel Bravo. El fallecimiento se remonta a “entre 20 y 24 días”.
Antes de ser secuestrado, Moisés Sánchez Cerezo, de 49 años, propietario y editor del diario La Unión de Medellín, había denunciado en redes sociales amenazas de muerte.
El procurador dijo que la localización del cadáver fue resultado de la confesión de un expolicía municipal detenido durante la investigación del crimen, quien declaró haber participado en el asesinato, efectuado el mismo día en que la víctima fue secuestrada en su domicilio, ubicado en el municipio de Medellín.
En un comunicado emitido poco después, la Procuraduría veracruzana indicó que el detenido relató que en el secuestro y asesinato de Sánchez participaron “otras cinco personas” y que el hecho fue cometido “por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la policía municipal de Medellín”.
El expolicía confesó en su declaración judicial que pertenece a una banda dedicada a la venta callejera de drogas.
López Meneses cumple funciones además como chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes, añadió el reporte.
Una docena de policías municipales han sido detenidos de forma provisional desde que comenzaron las investigaciones por el secuestro del periodista, cuya publicación difunde temas relacionados con delincuencia. Omar Cruz presentó de forma voluntaria su declaración.
Moisés Sánchez Cerezo fue secuestrado la tarde del 2 de enero cuando se encontraba durmiendo en su domicilio y sus raptores se llevaron también su cámara y su teléfono celular.
Con su muerte ya suman 11 los periodistas que han sido asesinados en Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, quien asumió en diciembre de 2010.
Veracruz, un “foco rojo” mundial
Uno de los momentos más dramáticos del historial de ataques contra periodistas en Veracruz fue en mayo de 2012, cuando fueron encontrados los cadáveres de cuatro comunicadores en un canal de aguas negras de la capital del estado, lo que motivó a la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) a clasificar a ese estado como el más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico.
“Veracruz sigue siendo un foco rojo en cuanto a la libertad de expresión”, dijo a la AFP la corresponsal en México de RSF, Balbina Flores, víctima en meses pasados también de amenazas.
Agregó que en el caso de Moisés Sánchez, las autoridades judiciales de Veracruz han tenido un desempeño “irregular” desde el momento en que la familia interpuso la denuncia por secuestro, una “actitud repetitiva” que han mostrado en las autoridades en investigaciones de otros periodistas ultimados.
La familia de Sánchez denunció que las autoridades judiciales se negaron a registrar inmediatamente la denuncia por secuestro “porque no había luz” en sus instalaciones y, después, el inicio de su búsqueda, “demoró más de cuatro horas”, una demora que viola protocolos oficiales, expuso Balbina Flores.
La familia de Moisés Sánchez contó a RSF que “un día llegó una persona a su casa que le dijo que el alcalde (de Medellín) estaba molesto por sus publicaciones y que le daría ‘un susto'”.
RSF pidió a las autoridades judiciales de Veracruz, que “tiene un récord” de crímenes contra periodistas, “profundizar la investigación no solo contra los detenidos, sino contra todos los que probablemente también habrían participado”, y dejar de “obstaculizar la participación de la fiscalía federal especializada” en este tipo de ataques contra periodistas, continuó Flores.
México encabeza la lista de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, con 82 profesionales de la comunicación asesinados entre enero de 2000 y septiembre de 2014, según RSF.
MÉXICO, D.F., enero 25 (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz informó la noche del domingo que el periodista Moisés Sánchez, desaparecido desde hace 23 días, fue asesinado el mismo día que un grupo de hombres armados lo secuestró.
La dependencia informó que pedirá al Congreso del Estado el desafuero del edil PANISTA de Medellín del Bravo, Omar Cruz Reyes, para iniciar un proceso en su contra por su probable responsabilidad por el asesinato de Moisés.
Sánchez se convierte en el onceavo periodista muerto en el gobierno del gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
El Procurador informó que Moisés Sánchez fue asesinado por tres ex elementos de la extinta Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río y otras dos personas, por orden del chofer del Alcalde de Medellín.
En conferencia de prensa, luego de sostener una reunión con Jorge Sánchez, hijo del también activista veracruzano, el funcionario aseguró que más de 60 personas declararon en el caso de la desaparición del periodista.
Uno de los detenidos, Clemente Noé Rodríguez Martínez, confesó que él y otras personas asesinaron a Moisés Sánchez el pasado 2 de enero.
Rodríguez Martínez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del Presidente municipal, Omar Cruz Reyes, quien permanece arraigado por disposición judicial para determinar la responsabilidad que le resulte en el homicidio doloso calificado de Moisés Sánchez Cerezo.
El Procurador de Veracruz informó que este domingo 25 de enero de 2015 encontraron el cuerpo en bolsas negras en el municipio de Manlio Fabio Altamirano.
Ante las acusaciones, la PGJE pedirá al Congreso estatal que inicie el desafuero del Edil, para iniciar el proceso contra el Alcalde por su probable responsabilidad en el asesinato de Moisés.
El Edil se presentó el pasado 12 de enero ante la PGJE para rendir declaración y aportar datos para la localización del periodista.
Horas antes de presentarse ante las autoridades, en una breve entrevista con reporteros locales, Cruz comentó que se sentía tranquilo y aseguró que nada tiene que ver con la desaparición del activista.
La Procuraduría de Veracruz informó que los otros imputados identificados por Noé Rodríguez Martínez fueron identificados como “El Harry”, “El Chelo”, “El Piolín”, “El Moi” y “El Olmos”, a quienes declaró que conoce solamente por sus apodos, con excepción del último a quien refiere como José Luis Olmos, quien fuera también miembro de la desparecida Policía Intermunicipal.
La tarde del pasado 2 de enero, un grupo de hombres armados ingresaron al domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, editor del diario La Unión de Medellín. Lo sacaron de su cama y se lo llevaron.
Desde ese día no se supo nada de él, hasta hoy que se confirmó su muerte.
Luego de su secuestro, familiares y organizaciones en defensa de la libertad de expresión, señalaron a Omar Cruz como el presunto responsable.
El periodista había recibido amenazas de él antes de su desaparición.
Cruz pertenece al Partido Acción Nacional (PAN) pero es aliado político del Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
Aún cuando organizaciones internacionales exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso, esto no sucedió.
Jorge Sánchez dijo esta tarde a SinEmbargo, que hoy por la mañana envió un escrito para solicitar a la PGJE que le detallaran la investigación por la desaparición de su padre, debido a que, argumentó, “todo me lo han dado escuetamente”.
El hijo del periodista dijo que se enteró a través de los medios de comunicación del hallazgo del cuerpo, antes de que la Procuraduría lo citara.
El hijo informó que el día de hoy le indicaron que el Procurador Bravo solicitó hablar con él.
Detalló que se dirigió a Jalapa con “la expectativa de no saber qué es lo que [le iban] a decir”.
“A ver si ya me dan respuesta por escrito y bien detallada”, señaló el hijo del activista antes de la reunión con la PGJE.
“Me da hasta la impresión de que están esperando a que lo encuentren muerto para darle carpetazo al caso”, había denunciado Jorge, quien reiteró que sólo confiará en las investigaciones de la PGR.
LA NEGLIGENCIA DE LA PGR
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos denunciaron que el gobierno que encabeza el priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz no es confiable ni tiene voluntad política para solucionar el caso, por lo que exigieron semanas atrás que la PGR lo atrajera.
El gobierno del estado, desde los primeros días de la desaparición del periodista, aseguró que habían desplegado un amplio operativo para dar con su paradero. Sin embargo, de acuerdo con sus familiares, esto sólo fue una “simulación”.
El pasado 17 de enero, SinEmbargo publicó una entrevista que realizó a Jorge Sánchez, hijo del comunicador.
En esa ocasión señaló que aunque su familia tiene protección de la Policía Estatal, no se sentían seguros.
“Una de las cosas que estamos valorando es salir del municipio [Medellín de Bravo], por lo menos, y si es posible incluso salir del país”, agregó.
Dijo que las investigaciones que lleva a cabo la PGJE eran muy lentas.
“[El caso] es para que ya lo tuviera la PGR por todo lo que se ha recabado: presuntamente un funcionario público implicado y el trabajo periodístico de mi padre, que es una de las líneas fuertes [de investigación]”, recriminó en su momento.
El joven explicó que aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) –que depende de la Procuraduría General de la República (PGR)– estaba coadyuvando con la investigación, no la absorbió completamente.
La organización Artículo 19 denunció desde el pasado 10 de enero, que la PGR se había mantenido “omisa” ante el caso, pese a que ellos, junto con la familia de Moisés, solicitaron formalmente que tomara la investigación a través de la FEADLE.
La familia de Moisés Sánchez había venido denunciando que aunque sí tuvieron diversas reuniones con el Procurador del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, el funcionario les dio explicaciones “muy generales”.
