OAXACA, OAX., marzo 27.- A escasos 15 días de culminar el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercero y último año de ejercicio constitucional, en la LXII Legislatura del Estado aún no hay acuerdo para aprobar u homologar la reforma educativa que ya es ley a nivel nacional.
En entrevista, inseguro de sus palabras, el aún diputado presidente de la Comisión Permanente de Educación, el neo perredista Jesús López Rodríguez, aseguró que presentarán ante el pleno dos dictámenes de la reforma educativa de Oaxaca, a fin de cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) de aprobar la reforma en la materia.
Así, corresponderá al pleno del Congreso decidir si aprueban el dictamen que impulsa el PRI y otro más que arropa el PRD.
Fue en septiembre de 2015 cuando el máximo tribunal de justicia del país advirtió que el titular de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado de Oaxaca y el gobernador Gabino Cué Monteagudo podrían ser destituidos de sus cargos de no armonizar la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La SCJN ordenó entonces al Congreso del Estado aprobar en el periodo de sesiones del 15 de noviembre al 15 de abril de este año la tan debatida reforma educativa en Oaxaca, cosa que los diputados locales no han hecho.
López Rodríguez refirió que hay dos posiciones y dos dictámenes al respecto. Uno trabajado por la fracción parlamentaria del PRI y otro por la bancada del PRD.
El también Coordinador de los diputados locales del PRD prometió que antes del 15 de abril, como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), serán presentados los dos dictámenes de la reforma educativa, aunque no es nada seguro.
Contradictorio, el diputado López Rodríguez señaló que la SCJN mandata que la ley estatral se armonice a la federal, pero en el PRD “no estamos de acuerdo en que se tenga que adecuar como dice la ley” (sic).
Y aclaró que “tendrán que ser lo diputados quienes decidan al final de cuentas cómo votarán, pues para el PRD la iniciativa de reforma educativa está más apegada a la realidad y necesidades de Oaxaca en materia educativa”.
Comentó que los derechos laborales de los trabajadores de la educación fueron legislados a nivel federal y no se contemplan en la iniciativa de ley estatal; sin embargo, se vigilará que se respeten.
“Lo que legislará el Congreso de Oaxaca es lo que no tocó la legislación federal. Técnicamente se llaman facultades residuales; es decir, temas que no tocaron los diputados federales los tocaremos los diputados locales”, argumentó.
Citó como ejemplo que en Oaxaca al tener 16 etnias nos lleva a adecuar la ley a las necesidades de Oaxaca.
LA ORDEN DE LA SCJN
En septiembre del 2015 el máximo tribunal de justicia del país analizó el expediente 48/2014 de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo federal en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca.
El presidente Enrique Peña Nieto demandó la invalidez de la omisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca de armonizar el marco normativo estatal en materia educativa al decreto por el que se reformó el Artículo 3, fracciones III, VII y VIII y 73, fracción XXV, y se adicionó un párrafo tercero, inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3° de la Constitución federal.
La reforma educativa federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.
La ponencia estuvo a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Tras los posicionamientos, el pleno de la SCJN resolvió que el gobernador Cué Monteagudo y la LXII Legislatura del Estado incurrieron en omisión legislativa absoluta al no armonizar sus leyes con la reforma constitucional, ni con las leyes generales de Educación y del Servicio Profesional Docente.
Y de no hacerlo en el tiempo que estableció la Suprema Corte, tanto los líderes de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política, así como el propio gobernador Gabino Cué podrían ser destituidos por la SCJN.
Por ello, la SCJN los emplazó a que a más tardar en abril de 2016 armonicen la legislación local a los criterios que marcan las leyes federales educativas o de lo contrario serán declarados en desacato y destituidos.
A través de la controversia constitucional, Peña Nieto recordó que los gobiernos y congresos locales tenían un plazo de seis meses, a partir de la reforma constitucional de febrero de 2013, para hacer las modificaciones legales en materia educativa.
Así, el plazo para que los Congresos locales armonizaran su Ley a la Constitución federal feneció el 12 de marzo de 2014.
“A la fecha de esta resolución es evidente que ha transcurrido un año y seis meses sin que de las constancias de autos se hayan demostrado que se hubiera emitido la ley correspondiente”, expuso el ministro Pardo Rebolledo.
Refirió que como buenas intenciones, Cué Monteagudo y la LXII Legislatura justificaron ante la SCJN convocatorias, reuniones de trabajo, pactos con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y foros de análisis.
Además, los diputados y diputadas de Oaxaca argumentaron que no se puede aprobar nada sin consulta previa a los pueblos indígenas, no obstante estos argumentos fueron rechazados por los ministros de la SCJN.
Aun cuando los ministros admitieron que Cué Monteagudo presentó en octubre de 2014 una iniciativa de ley educativa, también lo señalaron de omiso y lo vinculan a una responsabilidad de no acatar la sentencia de la SCJN.
El ministro Arturo Zaldívar dijo que de no cumplirse la sentencia a más tardar el próximo mes de abril del 2016, revisarán qué ha hecho el Gobernador y el Congreso, a fin de determinar sus responsabilidades.
“No estamos analizando responsabilidades, estamos dando un mandato a los órganos que llevan el proceso legislativo en Oaxaca para que armonicen su legislación con la Constitución; si eventualmente hubiera un incumplimiento a esta sentencia, ya sería cosa de ver quién ha hecho qué y qué responsabilidad tiene cada actor”, asestó.
Por su parte, el ministro José Ramón Cossío advirtió que la iniciativa de Cué Monteagudo probablemente ya está rebasada por los fallos de la SCJN, debido a que los Estados no pueden fijar reglas sobre servicio profesional docente.
Aun cuando los ministros reconocieron que el gobernador Cué presentó su iniciativa, coincidieron que hubo omisión legislativa.
