Cinco meses después del cierre ilegal de la Fábrica de Papel Tuxtepec, la empresa ha dicho que definitivamente cerrará sus puertas. Es hasta ahora cuando las voces de empresarios y de trabajadores de confianza se manifiestan porque la empresa no se retire.

Antes lo hicieron trabajadores sindicalizados, comerciantes en pequeño y prestadores de servicios que directa o indirectamente se ven afectados por la pérdida de más de 1 mil 200 empleos.

Desafortunadamente, a pesar de tener el común denominador de verse perjudicados por la medida, no se ha visto una manifestación coordinada debido a que en esta ciudad sin ciudadanos carecemos del hábito de reflexionar y trabajar colectivamente.

La idea de que esta es una región rica, contrarrestada con la realidad de que son unos cuantos los ricos y muchos los pobres, ahora más empobrecidos, ha contribuido a que el individualismo nos agarre desarticulados, divididos y en muchas ocasiones confrontados cuando se trata de hacer causa común.

A unos interesa conservar el medio ambiente, a otros conservar el empleo, a unos más vender comida, refacciones o seguir sub-contratando con la empresa, pero a nadie se le ha ocurrido atreverse a convocar a una reunión, en un lugar concreto a una hora determinada para con una lluvia de ideas, dejando al margen los particulares intereses, surja un movimiento ciudadano que reivindique el interés porque la planta productora de papel se quede en Tuxtepec.

Pero las preguntas claves surgen inevitables; ¿quién convocaría y para exigir qué a quién o a quiénes?

Desafortunadamente, esto de convocar y luego de tener asistencia, y más aún lograr la generación de consensos, no es cosa fácil. Pesa en contra el momento político electoral que atravesamos y que lejos de contribuir a la búsqueda de soluciones, dispersa, divide y confronta a los actores sociales y políticos.

Esto se maximiza si tomamos en consideración que quienes se supone desde su posición de representantes populares –es decir, diputados, presidentes municipales, senadores y gobernador del estado– deberían haber hecho las gestiones desde mucho tiempo atrás, pero andan mucho más interesados en sus campañas políticas con la intención, oiga usted, de sacrificarse por los intereses del pueblo.

Lo contradictorio es que al margen de las siglas que representen, los precandidatos y representantes populares con licencia prometen “empleo y gestoría para la instalación de empresas”, precisamente lo que no han querido o no han podido hacer desde la posición que ahora dejan para seguir medrando del dinero público.

Nueva e inevitablemente, la terca pregunta es: ¿quién se atreverá a convocar, en un día, un lugar y una hora concreta, a esa reunión donde al margen de clases sociales y posturas políticas se forme un grupo plural que exija al gobierno, o ante la ineptitud de este, negocie directamente con los empresarios papeleros el reinicio de las actividades de esa empresa?