SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, diciembre 20.- Por instrucciones del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo Torres, entregó este miércoles al Congreso local una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, cuyo propósito es hacer eficiente el servicio público en la entidad.
Asimismo iniciativas de ley con el propósito de que el Instituto de la Defensoría Pública y el Instituto para la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, se conviertan en organismos descentralizados.
Al hacer entrega, Alejo Torres señaló que dentro de las modificaciones que contempla la reforma a la Ley Orgánica, se encuentra la creación de la Secretaría de Transporte y Vialidad, para que atienda el problema social de las concesiones y regule este ramo.
Esta iniciativa –agregó- propone también el fortalecimiento transversal de la Secretaría General de Gobierno para regionalizar su presencia, a fin de atender desde las comunidades del interior del estado las distintas demandas sociales y políticas.
Además de desincorporar de esta instancia a las direcciones del Registro Civil, del Registro Público de Propiedad, de Notarías y los Talleres Gráficos del Gobierno del Estado.
Alejo Torres informó que a través de las modificaciones también se reforzará la Secretaría de Desarrollo Social, mediante la creación de comités de Desarrollo Social Sustentable.
Abundó que en el caso de la Oficina de la Gubernatura se le faculta coordinar varias instancias de asesoría, además que se eleva a rango de órgano auxiliar a la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno del Estado.
De igual manera fortalece a las Secretarías de Finanzas y de Administración para hacer eficiente el gasto público y la programación de las obras.
Otra área que se atenderá es la evaluación de la función pública por lo que se le dará un carácter de órgano auxiliar a la Secretaría Técnica, la cual será la instancia responsable de realizar la evaluación permanente de las diversas dependencias de la administración estatal.
El consejero jurídico destacó también las iniciativas enviadas por el mandatario oaxaqueño, donde solicita al Congreso del Estado otorgue un rango de organismo descentralizado a la Procuraduría para la Defensa del Indígena, para poder atender con eficiencia y rapidez a quienes solicitan sus servicios y no pueden pagar un abogado, desincorporándose así de la Secretaría de Asuntos Indígenas.
En relación al Instituto para la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, se busca que con el reconocimiento jurídico como órgano autónomo, se pueda allegar de recursos de otras fuentes y no solo dependa de las cuotas que se recuperan por los servicios médicos, con ello se garantizará una suficiencia presupuestal para los años subsecuentes.
El funcionario destacó que estas iniciativas y reformas son resultado del balance efectuado a un año de administración del mandatario oaxaqueño, para que todos los órganos de la administración estatal brinden un servicio eficiente, honesto y pronto, que permita avanzar en la solución a los principales rezagos de marginación que aún persisten en la entidad oaxaqueña.
