SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, enero 18.- El Congreso del Estado, exhortó a la Secretaría de Gobernación (Segob), a cumplir con los puntos contenidos en el acuerdo de distención para garantizar la paz y la tranquilidad en la zona de los chimalapas, ante la disputa limítrofe entre Oaxaca y Chiapas.

Entre otros puntos contenidos en ese acuerdo de distención, firmado por las partes y la Segob, se tenía que promover el retiro de la policía chiapaneca que se mantiene apostada en territorio de los chimalapas.

Al subir a tribuna, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Mendoza Reyes, refrió que este miércoles, con la representación legal del congreso del estado acudió con los titulares de los Poderes Ejecutivo, Gabino Cué Monteagudo, Judicial , Alfredo Lagunas, y las autoridades municipales y agrarias de San Miguel y Santa María Chimalapas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar la demanda de Controversia Constitucional contra los Decretos Legislativos del Congreso del Estado de Chiapas.

El diputado panista, dijo que ese poder del vecino estado, indebidamente autorizó la creación de un Municipio en territorio Oaxaqueño, así como la conformación de un Consejo Municipal.

No obstante las pláticas conciliatorias con las autoridades Federales, continúan las agresiones de los invasores chiapanecos, con la complacencia del Gobierno de Chiapas, que ha incumplido con la minuta de acuerdos firmada el pasado 22 de diciembre de 2011, en la Segob, ante su titular, Alejandro Poiré.

“Específicamente han incumplido con el acuerdo de retirar a la Policía Estatal de la región Chimalapa para que solamente permanezca el ejército mexicano en resguardo de la Zona”, lamentó.

Frente a ello, dijo que el Congreso de Oaxaca, tiene que exigir el cabal cumplimiento de la minuta referida.

Por el PRD, el diputado, Alejandro López Jarquín, criticó a las autoridades de Chiapas, porque no sólo no han cumplido con los acuerdos surgidos de las pláticas sostenidas entre ambos estados y la Segob, si no que han abonado a la profundización de la problemática territorial en la zona, al aprobar por parte de su congreso un municipio en terrenos propiedad de Oaxaca.

Además de que las autoridades chiapanecas, mantienen un doble discurso en el que han tolerado y alentado la invasión de la entidad por grupos dedicados a la tala de los recursos naturales e “incluso familias que pretenden instalarse de forma sorpresiva en suelo oaxaqueño”.

Dijo que por desgracia, las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo de Chiapas no han acreditado en los hechos su voluntad de canalizar y resolver los conflictos limítrofes, sino que se han dedicado a obtener ventajas, pervirtiendo el hecho de que existe una mesa de diálogo y guardando un silencio cómplice, o peor aún una conducta soterrada destinada a provocar un conflicto mayor.

“Mantienen una actitud retadora y provocadora. Y por si fuera poco se pretende seguir con la instalación de familias provenientes de Chiapas en la zona de conflicto. Al parecer lo que busca el Gobierno de Chiapas es un enfrentamiento entre hermanos”, alertó.

Aseguró, en contra parte, que Oaxaca no apuesta por la violencia y seguirá con firmeza el camino legal, sin intentar medidas tramposas o que pongan en peligro a los habitantes de la zona.

De esta manera se exhortó al Congreso y al Ejecutivo Chiapas a que se conduzcan con ética e inteligencia, a que dejen de lado la simulación, renuncien a la política de provocaciones que únicamente aumentan el riego de un conflicto mayor en los Chimalapas y que pueden llevar a un choque entre las comunidades con consecuencias imposibles de prever.

Al final, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco García López, dijo que se debe evitar, la violencia y la ilegalidad, sobre todo quienes tienen la obligación de conducir la política interna y preservar la paz en territorio estatal y nacional: los gobiernos de Chiapas, de Oaxaca y el gobierno federal.

Frente a ello, dijo que el PRI, se pronuncia porque sea el máximo tribunal la instancia de impartición de justicia del país, la que decida el caso porque, sin duda, no solo la razón histórica, sino también el derecho están de parte de nuestros hermanos oaxaqueños de la región.

Aseguró entonces que los pueblos zoques tienen títulos legales que los respaldan, pues desde 1850 los derechos de propiedad otorgados por la Corona española fueron reconocidos por el Gobierno Independiente de México.

Posteriormente, el 10 de marzo de 1967 Gustavo Díaz Ordaz dictó la Resolución Presidencial que les dotó de casi 600 mil hectáreas.

García López, pidió no obstante, al gobierno de Oaxaca, exigir a su similar de Chiapas que cumpla su parte, y al gobierno federal que cumpla con su papel de garante de los acuerdos.