OAXACA, OAX., marzo 15.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dio a conocer que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Moisés Robles Cruz, incumplió las medidas cautelares emitidas por el organismo defensor para que cese la retención de salarios y otras prestaciones a los trabajadores de ese instituto agremiados en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El organismo defensor expuso que alrededor de dos mil trabajadores del IEEPO acudieron a la Defensoría para reclamar posibles violaciones a sus derechos humanos por parte de la Dirección General, la Oficialía Mayor, la Dirección de Servicios jurídicos, Dirección Administrativa, Departamento de Pagos de Nomina y la Dirección Financiera de dicho instituto educativo, pues los señalan como responsables de retenerles su salarios.
Los agraviados explicaron al personal del organismo defensor que el IEEPO no cumplió con el procedimiento legal para realizar la suspensión de sus pagos, pues no fueron notificados por las vías legales correspondientes, además de que se les negó su derecho de audiencia.
Por ese motivo, la institución autónoma emitió una medida cautelar dirigida al IEEPO para que, con respecto a este asunto, sujete sus actuaciones a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a fin de que en el desempeño de sus funciones las y los servidores públicos involucrados garanticen la protección de los derechos humanos de los agraviados.
Además, la Defensoría solicitó que en forma específica se les garantice a las y los agraviados su derecho a la seguridad jurídica, para que las leyes que se apliquen estén en función del interés general y del bien común.
La institución autónoma insistió en que se respete el derecho al debido proceso de las personas agraviadas, para lo cual las autoridades deben sujetar sus actuaciones y procedimientos en forma estricta a lo que marca las leyes.
Ante las quejas presentadas, la Defensoría requirió al IEEPO que evite retener los salarios y demás prestaciones de las personas agraviadas, ya que de no hacerlo su actuación estaría vulnerando los derechos humanos, pues sus actos podrían considerarse como arbitrarios.
El organismo autónomo señaló que, además de la medida cautelar, solicitó al IEEPO rendir un informe detallado sobre los señalamientos hechos por los agraviados, informe que tendría que ir acompañados de las pruebas pertinentes.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca recalcó que, aunque el IEPPO aceptó la medida cautelar citada, hasta la fecha no ha cumplido con lo que el organismo autónomo le solicitó.
