* Buscan resolver conflictos de interés, rezago, corrupción, gestiones ajenas, recibir regalos ni beneficios, dicen

* Es parte de su cultura del ocio y una tomadura de pelo, hacer códigos que nadie cumple, lamenta el politólogo Alfonso Zárate    

* Lo cotidiano hoy es la cultura del beneficio personal y el lucro, admite  el diputado del PAN, Jorge Triana

* Proponen PAN y PRI Reglamento que asegure eficiencia, legalidad, orden y transparencia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12.- Con el fin de responder a los lineamientos de la OCDE de “transparencia, legalidad, imparcialidad, integridad y responsabilidad”, los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados presentaron dos iniciativas para crear un nuevo Código de Ética para el comportamiento de los nuestros legisladores federales.

Es el quinto intento en 16 años que en el Palacio Legislativo se intenta reglamentar el comportamiento de los “representantes populares”, pero esta vez quieren elevarlo a rango constitucional, aclaran.

La diputada priista Carolina Monroy del Mazo y el panista Jorge Triana llevaron a la tribuna propuestas para reformar el artículo 109 de la Constitución, la Ley de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Artículo 8 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.

En el Principio de Honradez, el diputado Triana quiere establecer que los diputados “se abstienen de incurrir en actos de corrupción o conflicto de interés; omiten efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, salvo aquellas que se prevean en la Ley Orgánica; declinan regalos, donaciones, ventas a un precio menor del que le corresponde en el mercado o situaciones semejantes, siempre que puedan ser medio para interferir en el desempeño de sus funciones”.

La diputada Monroy quiere “meter en orden a los legisladores federales y locales que han abusado del fuero y de la libertad de expresión” y especificar que “los diputados y cualquier funcionario de representación popular se sujeten a la imposición de castigos administrativos por haber incurrido en faltas”.

El analista político Alfonso Zárate Flores calificó esta iniciativa de los diputados federales como “parte de lo que yo llamaría la cultura del ocio. Es una tomadura de pelo y es parte de la cultura de los legisladores y de nuestra clase política”.

“Hay cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en códigos que nadie cumple. Es como evocar lo que en la religión cristiana llaman Propósitos de Enmienda: se peca y a la hora de confesarse se ofrece al sacerdote el propósito de la voluntad de no volver a pecar”.

Aclara el politólogo que “los legisladores no necesitan de códigos, son servidores públicos y tienen obligaciones y responsabilidades que tienen que  cumplir y que están en el principal código, que es la Constitución. Basta con que se desempeñen conforme a lo que se establece en la Constitución, a la que se comprometen a respetar y hacer respetar cuando asumen el cargo, y a las leyes que de ella emanen”.

“Pero, en realidad, esto nos recuerda una época permanente en la clase política mexicana, de pensar  que los problemas se resuelven con leyes. Ahí está el caso del secuestro, en el que se hacen reformas y reformas al Código Penal, cuando el problema no es ese”, comentó.

“No es necesaria una pena, por ejemplo, de 70 años, si no que sería suficiente una de 15 años, pero que se cumpliera”, remarcó el académico.

En su propuesta, el diputado Triana sugiere que a los legisladores que “violen las obligaciones y principios de su cargo” tengan sanciones como “amonestaciones públicas o privadas” y la suspensión de la dieta por un periodo de entre uno y hasta 60 días, que alcanzarían hasta los 300 mil pesos.

Sin embargo, el propio diputado del PAN admitió en la tribuna que hoy, sobre los legisladores, “vemos extensa y detallada literatura que da cuenta del déficit de credibilidad, frente a casos donde lo cotidiano, lo común, es la cultura del beneficio personal, de lucro, de lo público y frente a lo patrimonial de los recursos”.

“No es posible hacer a un lado el hecho innegable del desencanto que se tiene por la democracia en muchos países, por supuesto incluyendo al nuestro. Hoy el cumplimiento de la ética es una condición indispensable si lo que pretendemos es la recuperación de la confianza ciudadana hacia la institución a la que representamos”, dijo.

Desde el 2000 buscan confianza y hoy sólo el 4.5% cree en ellos

Aunque desde noviembre del año 2000, en la LVIII Legislatura -con una propuesta del entonces diputado del PRD Miguel Barbosa Huerta- se creó el primer grupo de trabajo que inició la redacción del primer Código de Ética de la Cámara de Diputados, hasta ahora se han redactado y reformado tres documentos más, para establecer que los diputados deben actuar con “honorabilidad, profesionalismo y eficiencia”.

En la LIX, en el año 2003, se estableció un segundo documento, con propuestas de los diputados Francisco Arroyo Vieyra, del PRI, y Jorge Triana, del PAN. En septiembre del 2006, en la LX Legislatura, el PRI presentó una nueva propuesta, a la que se sumó Cuauhtémoc Velasco, del entonces partido Convergencia.

Y las últimas modificaciones al Código de Ética que hoy existe en San Lázaro se hicieron apenas en octubre del 2012, en la LXII Legislatura, y se aumentaron las multas a legisladores, que van desde el 2 y hasta el 15 por ciento de su dieta.

Sin embargo, un estudio de la Cámara de Diputados –elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)- advierte todavía “una baja calificación de los legisladores”.

“Ante la pregunta ¿Cómo calificaría el desempeño de los diputados federales en el Congreso?, utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es muy mal y 10 muy bien, una de las respuestas a esta pregunta planteaba: “Representación de intereses de los ciudadanos” con un 4.95, la cual ni siquiera alcanzó la media. Esto evidencia que los ciudadanos no se sienten representados por los legisladores. Otra de las preguntas decía, en una escala del 1 al 10 donde 10 es mucho y 1 es nada, ¿Qué tanto confía en los diputados federales? la respuesta más alta, con un 29 %, fue 1 con valor NADA”, registró el CESOP.